ESCRIBE JULIO FAILOC RIVAS
Hace un par de semanas el gobernador de Moquegua profesor Zenón Cuevas, tuvo la iniciativa de convocar a una reunión con los representantes de la sociedad civil para poner en consideración la necesidad de reiniciar el diálogo con la empresa minera Southern Perú. Un diálogo estancado desde hace más de cuatro años y que la mayoría de sus integrantes la han tipificado como improductivo y de nulos resultados.
En lo personal soy partidario del diálogo, no lo considero improductivo y -por el contrario- creo que es un vehículo que ayuda a acercar a las personas y que en muchos casos logra transformar el conflicto en una oportunidad para el entendimiento a favor de las partes. Esto implica necesariamente una gran dosis de tolerancia, discernimiento y renunciamiento a una parte de lo que uno considera su razón.
Si bien el diálogo fue extenso, con una duración de cerca de tres años, se arribaron a un total de 123 acuerdos, relacionados con el medio ambiente, recursos hídricos y desarrollo sostenible, de las cuales una parte mínima, fueron acuerdos por consenso y el resto por mayoría. Quedaron pendientes y por consensuar los acuerdos por mayoría debido a que el reglamento interno de la mesa de diálogo así lo exigía para que estos se materialicen.
Uno de los temas aún no zanjados y en el tapete, de la mesa de diálogo, ha sido la definición del monto del Fondo de Desarrollo -además de la forma como se va a gestionar, qué va a financiar y cómo se va a distribuir- cuya propuesta de la sociedad civil y las autoridades políticas es de 2080 millones de soles. Southern hizo una contrapropuesta, mucho más baja, parecida al monto que otorgó a la provincia de Tacna, Candarave y Jorge Basadre y que alcanzó a los 445 millones de soles.
¿De dónde salió éste monto, cómo se calculó? Esto es algo que aún no tiene una respuesta acabada, homogénea y convincente para una mesa de negociaciones.
Sin embargo, sobre la forma como determinar el fondo hay varias opiniones. Algunos integrantes de la mesa de diálogo sostienen que el monto calculado debe tomar en cuenta los pasivos ambientales dejados por Southern Perú desde el inicio de sus operaciones, lo cual implica, por un lado, que la empresa reconozca que contamina, y, por otro lado, hacer un estudio que permita realizar una valorización de los mismos, cuestión que exige una rigurosidad técnica en las estimaciones de los daños ocasionados.
Otros consideran que el monto exigido a Southern Perú debería limitarse solo a la responsabilidad social de la empresa con la región, lo cual ya no sería una exigencia, sino un aporte voluntario que la empresa tendría que ofertar y la otra parte aceptar. Una tercera opinión es combinación de las dos alternativas señaladas anteriormente, pero ello que implica diferenciar el espacio de negociaciones, sin mezclarlas ni contraponerlas una con la otra.
El gobernador tiene una gran responsabilidad en el desenlace de las negociaciones finales, pero también la empresa Southern tiene su parte, y seguramente igual de importante. Lo cierto es que contra el pronóstico de gente que apostó a un Zenón Cuevas incendiario, radical y de confrontación, él ha demostrado que es dialogante, pero no hay que olvidar que es un político de larga data, y que tiene en sus espaldas a un pueblo que tiene mucha expectativa de que los problemas históricos con Southern los iba a resolver.
