El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Moquegua (DIRESA) detectó que un abogado fue designado asesor de Dirección del Hospital Regional sin acreditar los requisitos exigidos y terminó ejerciendo funciones de asesoría legal. El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 027-2026-OCI/0829-AOP también observó 19 resoluciones administrativas.
EL HALLAZGO PRINCIPAL
La secuencia documentada por la Contraloría expone cómo una primera propuesta de contratación, observada por incumplimiento de requisitos, terminó materializándose mediante la designación del mismo profesional en otro cargo, para luego asignarle las funciones que originalmente se pretendían cubrir.
El 1 de junio de 2026, Ronald Vargas Palacios, director ejecutivo del Hospital Regional de Moquegua, solicitó a María Asunta Alpaca Chávez, directora regional de Salud, designar al abogado Luis Bernardo Saira Quispe como asesor legal del establecimiento.
Sin embargo, la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de DIRESA advirtió, mediante Memorándum N.° 494-2026 del 4 de junio, que el postulante no reunía los requisitos establecidos en la Ley N.° 31419. Además, precisó que el cargo de asesor legal no existía en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del hospital.
La propuesta fue devuelta para una nueva evaluación. Lejos de concluir allí, ese mismo 4 de junio, Vargas Palacios presentó otro informe proponiendo nuevamente a Saira Quispe, pero esta vez para ocupar la plaza de confianza de asesor de Dirección Ejecutiva, identificada con el correlativo 003 del CAP Provisional.
El 17 de junio, mediante Resolución Directoral N.° 544-2026-GRM-DIRESA-DR, la Dirección Regional de Salud concretó su designación bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Nueve días después, el 26 de junio, Vargas Palacios emitió la Resolución Ejecutiva Directoral N.° 291-2026, encargándole adicionalmente las funciones de asesoría legal, con eficacia anticipada al 17 de junio. Así, el abogado terminó ejerciendo las labores para las cuales había sido propuesto inicialmente, pese a las observaciones formuladas por Recursos Humanos.
EVIDENCIAS DEL OCI
La revisión de su expediente personal reveló otra situación determinante: Saira Quispe no acreditaba la experiencia laboral requerida para ocupar el cargo.
Según el Manual de Organización y Funciones (MOF), se exigían dos años de experiencia relacionada con el puesto. No obstante, los auditores verificaron que el profesional únicamente registraba cinco meses y nueve días de experiencia general y dos meses y dos días de experiencia específica en asesoría jurídica del Hospital Ilo.
Tampoco acreditó capacitación en Derecho Civil, otro de los requisitos contemplados en el perfil evaluado. Aunque contaba con título profesional de abogado, la Contraloría determinó que no reunía las condiciones exigidas para desempeñarse como asesor de Dirección.
Pero las observaciones no terminaron en su nombramiento. Durante las diligencias del 2 de noviembre de 2026, el equipo de control solicitó los documentos que acreditaran las actividades desarrolladas por Saira Quispe como asesor de Dirección.
La revisión estableció que no había emitido informes en esa condición. Por el contrario, los registros de correspondencia interna y externa demostraron que los asuntos derivados al profesional correspondían al área de asesoría legal.
La constatación fue corroborada por el propio director del hospital, Ronald Vargas Palacios, durante la recopilación de información. El informe sostiene que el abogado venía incumpliendo las funciones establecidas para el cargo por el cual fue contratado y percibía una retribución económica.
DIECINUEVE RESOLUCIONES BAJO OBSERVACIÓN
La investigación administrativa adquiere mayor trascendencia con la revisión de los actos emitidos por el hospital.
Los auditores examinaron nueve archivadores de resoluciones ejecutivas directorales y dos archivadores de informes legales, identificando 19 resoluciones con observaciones que afectarían la validez de los actos administrativos.
Entre ellas figura la Resolución N.° 292-2026, del 26 de junio, relacionada con un recurso de apelación cuya resolución en segunda instancia correspondía al Tribunal del Servicio Civil (TSC), según la observación del OCI.
Otras resoluciones presentaban deficiencias por no analizar sentencias judiciales firmes, incumplimientos en procedimientos de nulidad y cuestionamientos sobre la competencia administrativa de las instancias que intervinieron.
También se identificó una resolución de desplazamiento de personal que, según los auditores, debía ser emitida por la entidad de destino y no por la de origen. El informe incorpora, además, observaciones relacionadas con contratación y renovación de personal. Para la Contraloría, estas situaciones evidencian errores sustanciales en los actos revisados, vinculados con el asesoramiento legal del establecimiento.
Las resoluciones observadas comprenden procedimientos laborales, recursos de apelación, desplazamientos de personal y actuaciones vinculadas con decisiones judiciales.

