POR: JULIO FARFAN VALVERDE
El abogado especialista Guido Zapana Ibarra sostuvo que corresponde al Poder Judicial, y no al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ejecutar la pena de inhabilitación impuesta al alcalde provincial de Ilo, Humberto Jesús Tapia Garay, cuya condena por usurpación de funciones fue confirmada en segunda instancia el 20 de julio de 2026.
El especialista considera que existe una diferencia jurídica fundamental entre la ejecución de una sentencia penal y el procedimiento de suspensión de una autoridad municipal. Mientras el primero corresponde al órgano jurisdiccional competente, el segundo se desarrolla conforme a las atribuciones del Concejo Municipal y del organismo electoral.
La sentencia tiene su origen en la Resolución de Alcaldía N.º 062-2023-A-MPI, mediante la cual Tapia dejó sin efecto la designación del procurador municipal Juani Howard Zegarra Coaila y dispuso un nuevo nombramiento, pese a que dicha facultad correspondía exclusivamente a la Procuraduría General del Estado.
El 17 de diciembre de 2025, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ilo lo condenó por usurpación de funciones a cuatro años de prisión suspendida por dos años, además de un año de inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde y ocupar funciones públicas.
La Sala Penal de Apelaciones de Moquegua, mediante la Resolución N.º 16, del 20 de julio de 2026, confirmó íntegramente la condena al considerar acreditado que Tapia actuó con conocimiento de que carecía de atribuciones para adoptar aquella decisión.
LA RESPONSABILIDAD DEL JUZGADO
Zapana fundamenta su posición en el artículo 29, numeral 4, del Código Procesal Penal, que atribuye a los juzgados de investigación preparatoria la ejecución de las sentencias, y en el artículo 489 del mismo código, que establece su competencia para ejecutar las sentencias condenatorias firmes y resolver los incidentes relacionados con su cumplimiento.
En consecuencia, sostiene que corresponde al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ilo, a cargo de la jueza Jackie Marlene Mariñas Zoto, adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la inhabilitación.
El abogado también invoca el Acuerdo Plenario N.º 010-2009/CJ-116, referido a la ejecución de la pena de inhabilitación, que establece las condiciones para su cumplimiento cuando la sentencia ha adquirido firmeza.
Este criterio encuentra respaldo en la Casación N.º 3715-2023/Junín, en la que la Corte Suprema precisó que la confirmación de una condena en segunda instancia permite establecer la firmeza de la pena de inhabilitación, sin que necesariamente deba esperarse la resolución de un recurso extraordinario de casación.
En el caso de Tapia, la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua confirmó la sentencia que le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y un año de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
CUESTIONA EL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
La posición de Zapana adquiere relevancia frente a la Resolución N.º 04, emitida el 12 de noviembre de 2026 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ilo.
Mediante dicha resolución, la jueza Mariñas Zoto dispuso oficiar al JNE y al Concejo Provincial de Ilo, adjuntando copias de las sentencias de primera y segunda instancia.
Posteriormente, mediante el Oficio N.º 1816-2026, de la misma fecha, remitió al organismo electoral las copias certificadas para que procediera conforme a sus atribuciones.
Zapana cuestiona que la comunicación al JNE pueda interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de ejecutar la inhabilitación. Explica que el fundamento 15, literal d), del Acuerdo Plenario N.º 002-2008/CJ-116 contempla la remisión de la sentencia al organismo electoral para su anotación y difusión, pero ello no sustituye las atribuciones del juez competente para ejecutar la sanción penal.
Desde su interpretación, la jueza debería disponer expresamente el cumplimiento de la inhabilitación, notificando al sentenciado para que se aparte del ejercicio del cargo, independientemente de los trámites electorales destinados a formalizar su reemplazo.
La Resolución N.º 04, en los términos examinados, ordena comunicaciones institucionales, pero no contiene una disposición expresa dirigida a Tapia para que cese en el ejercicio de la alcaldía.

