La controversia por el aprovechamiento de las filtraciones de Ichupampa, en la unidad minera Cuajone, continúa generando pronunciamientos y reuniones entre las instituciones involucradas. Mientras el Gobierno Regional de Moquegua (GORE) solicita suspender la licencia otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), representantes de los agricultores de Torata y Southern Perú han iniciado coordinaciones para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico.
El pasado 13 de noviembre, integrantes de la Junta de Usuarios de Torata, comisiones de riego, autoridades locales y representantes de Southern participaron en una visita técnica al dique Torata, donde abordaron la situación del almacenamiento de agua y las posibilidades de mejorar su gestión. Según el acta suscrita, ambas partes acordaron conformar una comisión de trabajo para evaluar la disponibilidad hídrica del dique. Asimismo, Southern realizará consultas internas para informar sobre las intervenciones ejecutadas y proyectadas en la infraestructura.
También se contempla evaluar posibles inversiones en beneficio de los agricultores mediante un convenio. El documento no establece compromisos definitivos de financiamiento ni ejecución de obras. Una nueva reunión quedó programada para el 27 de noviembre, a las 9:00 a. m., en el local de la Junta de Usuarios de Torata.
El presidente de la Junta de Usuarios, Valois Vera Mamani, expresó su preocupación por los posibles efectos de la captación de las filtraciones de Ichupampa sobre el río Torata. Por su parte, el ingeniero Guido Herrera señaló que el dique presenta limitaciones de almacenamiento y advirtió sobre eventuales dificultades de abastecimiento si las precipitaciones resultan insuficientes.
Mediante un pronunciamiento difundido el 16 de noviembre, el Gobierno Regional solicitó suspender la licencia que autoriza a Southern Perú a aprovechar hasta 826 243 metros cúbicos anuales de filtraciones de Ichupampa. El GORE cuestiona las condiciones técnicas de la autorización y plantea una revisión con participación de las instituciones involucradas.
La resolución de la ANA señala que la licencia se sustenta en una evaluación de disponibilidad y balance hídrico, además de establecer obligaciones de medición y reporte mensual. La controversia mantiene pendiente el esclarecimiento de la relación hidrológica entre las filtraciones autorizadas y el abastecimiento agrícola, así como el seguimiento de los acuerdos alcanzados entre los usuarios y la empresa.

