POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Se atribuye al poeta Martín Adán la cruda expresión “hemos vuelto a la realidad”, cada vez que se consignaba, en el acontecer político de nuestro país, un nuevo golpe de Estado, como ha sido en nuestra complicada vida republicana. Bien lo anotan, especialmente los politólogos: hoy no son necesarias aquellas violentas acciones, pues, con la Constitución en la mano, se altera el orden constitucional, un auténtico proceso de desconstitucionalización. La riña televisada en vivo y directo entre parlamentarios y también ministros, este último fin de semana, que incluye gritos, insultos y pechadas, no hace más que corroborar que no se aprendió de las lecciones, que se retorna por las andanzas de ayer, ahora en el escenario del nuevo Senado.
Se rehuyó el debate público, se despreció la decisión soberana de los ciudadanos a través del referéndum, se forzaron los procedimientos parlamentarios, primó el beneficio político subalterno y, buscando la ausencia de legitimidad, se acentuó la premisa de mejora de la representación y reforzamiento institucional para sacar adelante la restitución del Senado. En las urgencias de desplazar la objeción pública, se dieron la ley y los reglamentos con graves falencias, que hoy precisamente se ponen de manifiesto porque, a consecuencia de ellas, se posibilita una confrontación entre ambas cámaras.
LA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS
La iniciativa del Gobierno de requerir facultades legislativas al Parlamento ha puesto en ristre las posiciones políticas de la representación congresal y en evidencia las flaquezas normativas. Como era de esperarse, la Cámara de Diputados, de las 66 medidas solicitadas, sostenidas en ocho ejes, solo aprobó 20, respecto a seguridad ciudadana y medidas de contención del fenómeno de El Niño, estando en su discrecionalidad funcional la decisión adoptada; reforzada por la mayoría opositora al Gobierno, que no es condescendiente con sus pedidos, sino más bien cauta en su concesión. Y no les falta razón, porque dentro del abanico temático solicitado se recogían indirectamente aspectos de gran complejidad y necesario debate político, a los que supuestamente debía renunciar el Parlamento en favor del Gobierno.
LOS LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN DEL SENADO
El problema-dilema está ahora enfocado en lo que puede o no puede hacer la Cámara de Senadores respecto al proyecto remitido por Diputados. En principio, ambas cámaras participan del procedimiento legislativo, reservándose para Diputados las iniciativas, el derecho de presentar proyectos de ley, y es la primera cámara en discutirlas y aprobarlas o no. Es, por excelencia, una cámara política y legiferante. Si la propuesta legislativa es aprobada, pasa al Senado para su revisión —solo se revisa lo preexistente— y, a este último efecto, el Senado tiene acotada su participación en su propio reglamento. Antes de ir al Pleno, pasa por una comisión dictaminadora; le corresponde a la Comisión de Constitución, que puede aprobarla en sus términos, aprobarla con modificaciones “las que no pueden desnaturalizar la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados” o rechazarla.
La discusión sobre las expresiones “modificar o desnaturalizar” ya se venía arrastrando desde las deliberaciones en Diputados, alimentada por las opiniones de distintos representantes, dejando la duda sobre lo que pueda o no decidir el Senado, a tal punto que una bancada exigía garantías de que el Senado no desnaturalizaría lo aprobado en Diputados y, al no tener respuesta, decidió votar en contra. El Gobierno, a instancia de su premier, señalaba la necesidad de respetar la propuesta alcanzada por el Ejecutivo, ante la necesidad de contar con un marco legal que le dé amparo a la implementación de las distintas políticas que con urgencia tiene que disponer. Y quien debía zanjar la discusión, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, no hacía más que generar zozobra con sus opiniones.
Desde una perspectiva jurídica, podrá decirse que se coarta la actuación del Senado para el ejercicio de una función nata de ambas cámaras, que es legislar. Sin embargo, los reglamentos son claros y precisos: el procedimiento de aprobación de iniciativas legislativas empieza con Diputados y revisa Senadores, y estos pueden modificar, mas no desnaturalizar. Quiere decirse que deben allanarse a las materias enviadas; lo contrario es vulnerar los reglamentos, pasible de impugnación constitucional.
LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS E INSTITUCIONALES
Desde una perspectiva política, si, apegado a una decisión mayoritaria —en esta cámara tiene una forzada mayoría—, se decidiera alterar y recolocar en la discusión y aprobación final todo el paquete de facultades pedidas por el Gobierno, o se va más allá de lo aprobado por Diputados, se estaría dejando un grave precedente, porque ratificaría lo que se advertía: la prepotencia de su decisión. Obligaría a que, en el futuro, cualquier iniciativa del Gobierno quede anclada en Diputados, sin aprobación alguna, ante la posibilidad de que el Senado actúe como en los casos precedentes.
Desde una perspectiva institucional, es evidente la existencia de un problema de diseño del Congreso. Las prisas y reacomodos no permitieron una discusión más holgada del marco normativo; su efecto, en la manifiesta correlación de fuerzas, es que las tensiones políticas serán reiterativas, ahondadas con la renuencia del Gobierno a generar espacios de diálogo y responsabilidad, lo que no nos libera de las confrontaciones políticas que relegan la prioritaria atención en materias que, como Estado, están sobrepasadas en su capacidad de respuesta.
Si fijamos nuestra atención en la agenda pública de estos días, nuestra atención sobre la discusión política ha estado en la delegación de facultades, con gestos dramáticos del propio Gobierno, cuando ya estamos por el tercer mes de gestión y son inadvertidos los resultados de gestión, mostrando ineficiencia como particularidad.
Por otro lado, como lo han hecho otros gobiernos, puede apelar a los decretos de urgencia y complementarlos con decisiones de autoridad que impliquen reorientar políticas y prioridades, las que hasta el momento no se encuentran. Entonces, las facultades requeridas tienen la sospecha de efecto distractivo, para soslayar responsabilidades políticas frente a la inercia. Ya se empiezan a sufrir los estragos de El Niño y la ola delincuencial no cesa; esa voz de esperanza que significa todo nuevo Gobierno se va diluyendo.
