Cuatro personas investigadas por el presunto traslado de 331.865 kilogramos de clorhidrato de cocaína permanecerán nueve meses bajo prisión preventiva, luego de que el Poder Judicial declarara fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público dentro de una investigación por tráfico ilícito de drogas agravado.
El Ministerio Público dio a conocer que la medida fue dictada contra César Felipe Tello Iguchi, Jhon Erik Coello Zapata, John Christian Ninapaytan Tello y Demetrio Sedano Clemente.
El caso se originó tras una intervención policial realizada el 24 de agosto de 2026 en la carretera Binacional Moquegua–Desaguadero, donde fueron intervenidos dos vehículos que, según la tesis fiscal, se habrían desplazado de manera coordinada.
DROGA OCULTA EN COMPARTIMIENTOS
En una miniván JAC de placa CMV-446, la Policía encontró 331 paquetes ocultos en compartimientos artesanales acondicionados en la estructura del vehículo. La pericia posterior determinó que contenían un peso neto total de 331.865 kilos de clorhidrato de cocaína.
El segundo vehículo, una Toyota RAV4 de placa D1T-293, habría cumplido presuntamente funciones de apoyo, vigilancia y alerta durante el recorrido.
Una pericia de ingeniería determinó, además, que ambas unidades presentaban compartimientos ocultos tipo “caleta”, elaborados artesanalmente y ajenos a su configuración original.
FISCALÍA SUSTENTA ACTUACIÓN COORDINADA
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los cuatro investigados habrían participado de manera coordinada, utilizando una unidad para transportar la droga y la otra como vehículo de apoyo.
El fiscal adjunto penal José Luis Ortiz Vargas incorporó entre los elementos de convicción información extraída de teléfonos celulares, registros de desplazamiento, imágenes vinculadas a hospedajes, declaraciones policiales y resultados de diversas pericias.
Con estos elementos, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado y solicitó la prisión preventiva.
El Poder Judicial acogió el requerimiento y dispuso nueve meses de la medida coercitiva mientras continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada investigado y establecer si existen otros elementos vinculados al presunto traslado de la droga.
