POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Las elecciones regionales, ya cercanas al 4 de octubre, no acaban de cuajar como proceso necesario, desde una perspectiva de construcción de un Estado unitario y descentralizado, como manda nuestra Constitución, para apuntalar un desarrollo integral del país, rompiendo con el centralismo que nos acompaña desde tiempos fundacionales y permitiendo un desarrollo y crecimiento equilibrados, en armonía para todas las regiones.
Es indudable que la bonanza económica que permiten los commodities, particularmente en las regiones mineras, ha distraído en exceso la responsabilidad de concretar un auténtico proceso de descentralización; las autoridades regionales, abocadas a generar inversiones u obras que generen oportunidades laborales ante una fuerte presión social, relegan la priorización de proyectos de inversión que, a mediano o largo plazo, liberen a estas circunscripciones de las transferencias del gobierno central o de la excesiva dependencia del canon
Por otro lado, el propio gobierno central, que como responsable mayor debiera impulsarla, la concibió como un proceso permanente y obligatorio. La mejor respuesta es encontrar reducida su intervención a una Secretaría en la Presidencia del Consejo de Ministros, sin mayor poder de decisión, descriptivo de la nula preocupación por su imprescindible implementación. Si bien se debiera poner énfasis en su “gradualidad”, esta no significa la parálisis en la que se encuentra inmersa en estos tiempos.
UN PROCESO QUE VIENE DESDE 2002
En el ya distante 2002, de vuelta con la democracia, una de las pocas políticas de Estado consecuencia de un consenso político fue la aprobación de la Ley 27680, destinada a modificar la Constitución, que luego se implementaría con distintas normas: la Ley de Bases de la Descentralización, las leyes orgánicas tanto de Gobiernos Regionales como de Municipalidades, donde se regulan su autonomía financiera y sus competencias propias, la forma de elección de sus autoridades y facultades normativas. Es así que, bajo este renovado marco jurídico, se convocaron elecciones directas para elegir a las autoridades regionales el 17 de noviembre de 2002.
Desde entonces, su evolución ha sido incierta. Desde el Ejecutivo se implementaron sistemáticamente GORE Ejecutivos o mesas de trabajo, concebidos como espacios de trato directo, donde unos exigen y otros justifican, sin resultados que permitan advertir eficacia. Es común compartir los reiterados viajes de las autoridades regionales a Lima, evidencia de la concentración en la toma de decisiones, cuando no solo como voluntad política, sino por exigencia constitucional, debe priorizarse el proceso de descentralización, conjugar políticas públicas, precisar el marco legal, entregar mayores competencias, fortalecer la autonomía financiera, evitar la duplicidad de proyectos, neutralizar la recargada burocracia y evitar el despilfarro de los recursos públicos.
REGIONES, CORRUPCIÓN Y DESLEGITIMACIÓN
Las graves denuncias penales contra el entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien fuera elegido por dos periodos consecutivos y hoy está privado de su libertad, permitieron ingresar en la opinión pública a la evaluación de la gestión en dichas instituciones, encontrándose graves hechos en distintas regiones, que motivaron que se modificara la Constitución y se prohibiera la reelección inmediata e, incluso, se cambiara su denominación: hoy son gobernadores regionales.
Y se dio la extraña circunstancia de que donde precisamente más recursos económicos para el desarrollo se asignaban, se encontraban mayores denuncias de corrupción. Lo que evidencia que, desde el interior de las regiones, también hubo acontecimientos que deslegitimaron el ejercicio de estas autoridades y, por ende, de sus instituciones.
El Congreso anterior, influenciado por los grandes partidos políticos, percibiendo su insignificante presencia en las elecciones municipales y regionales, donde priman los movimientos independientes y los caciques regionales, impulsó normas para eliminarlos. Así, en una primera fase, borraron de las posibilidades electorales a movimientos locales y, si bien se aprobó en la Comisión de Constitución la eliminación de los movimientos regionales, la propuesta no logró los votos necesarios en el Pleno para que esta iniciativa prospere. Pero allí está la iniciativa.
El efecto de esta última pretendida intención tuvo un efecto positivo para los partidos políticos, porque los líderes regionales, al percibir que sus posibilidades de postulación se cerraban, inmediatamente tocaron las puertas de los partidos políticos para inscribirse. Lo que evidencia una grave falencia del sistema político: en elecciones subnacionales importa más el oportunismo político que la consecuencia con las ideas políticas; la ascendencia política se construye con ideario y proyectos y, muchas veces, estas cuestiones básicas son temas de segundo orden.
FRAGMENTACIÓN Y SEGUNDA VUELTA
Sin causar rubor la amplitud de candidaturas presidenciales en las elecciones generales, lo mismo se manifiesta en las elecciones regionales. En las 25 circunscripciones donde ocurrirán estas elecciones existe una amplia oferta electoral y, en diversas regiones, la cantidad de aspirantes a la gobernación supera la decena.
Si a ello agregamos que la norma electoral establece que, para ser elegida en primera vuelta, una fórmula debe obtener no menos del 30 % de los votos válidos, damos por descontado que la votación también se va a atomizar, lo que significa que tendremos segunda vuelta en gran parte de nuestras regiones, escondiendo una delicada carencia de legitimidad.
CANON Y DESCENTRALIZACIÓN
Bajo este contexto electoral, el actual gobierno viene evaluando una reforma de la distribución del canon minero, opción cómoda y gratuita que muchos contrastes le generará, cuando lo prudente es revisar el statu quo de la descentralización y, a su resultado, establecer lineamientos políticos que permitan un verdadero fortalecimiento de los gobiernos regionales, con autonomía, priorización y respeto de sus competencias.
Y, de concretarse esta propuesta, afectará las arcas regionales, limitando sus capacidades de inversión, relegando los proyectos por carencias presupuestales, lo que deben considerar como eje de urgente atención por parte de los candidatos.
La descentralización es irreversible, no hay marcha atrás; no obstante, la pasividad con que es asumida coloca en la mesa de discusión una actitud complaciente de las propias regiones. Asimismo, desde los gobiernos regionales se ha renunciado a la planificación y al impulso de los grandes proyectos de inversión; caen en afanes populistas, con propuestas cortoplacistas, cual si las circunstancias económicas de hoy fueran permanentes, no bosquejando posibilidades para un desarrollo razonable, coherente y sostenible que sean una auténtica garantía para nuestro futuro.
Se ha dejado que la incertidumbre se adueñe de la dirección política en la gestión de los gobiernos regionales. Ad portas de justas electorales, tanto candidatos como ciudadanos debemos darnos la oportunidad de contrastar alternativas, en este caso descentralistas, que nos permitan visualizar desarrollo y crecimiento desde las regiones, una tarea olvidada. Estamos a tiempo: el voto define una elección, pero, sobre todo, define futuro.
