POR: DR. JAIME CALLALLA MAMANI
Los estados financieros de la Universidad César Vallejo S.A.C. evidencian que la educación universitaria privada puede funcionar como una actividad empresarial de elevada rentabilidad para los accionistas. En 2025, esta universidad obtuvo ingresos por derechos de enseñanza de S/ 1 332 millones y una utilidad neta de S/ 216,9 millones. Esto representa una rentabilidad neta sobre ventas del 16,29 %; es decir, por cada S/ 100 pagados principalmente por estudiantes y familias peruanas, aproximadamente S/ 16,30 se convirtieron en utilidad neta.
Antes del impuesto a la renta, el margen alcanzó el 24,06 %. En 2024, la rentabilidad neta fue incluso mayor: 17,50 %. La utilidad bruta de 2025 ascendió a S/ 862,5 millones, equivalente al 64,78 % de los ingresos. Asimismo, la utilidad neta creció un 8,66 % respecto de 2024.
Estas cifras muestran que la enseñanza universitaria no solamente financia sus costos académicos y administrativos, sino que produce un excedente económico considerable que va a las cuentas de los accionistas. El problema no radica, por sí mismo, en que una universidad privada obtenga beneficios, sino en que la lógica de rentabilidad pueda imponerse sobre la calidad educativa, la investigación, la estabilidad docente, la infraestructura, la responsabilidad social y el acceso equitativo.
En este contexto, la educación corre el riesgo de transformarse en una mercancía deplorable: el estudiante pasa de ser titular del derecho a la educación a convertirse en cliente; la matrícula y las pensiones se convierten en fuentes recurrentes de ingresos; y los grados de maestro y doctor pueden ser ofrecidos como bienes diferenciados según la capacidad de pago. La desigualdad económica termina reproduciéndose como desigualdad académica y profesional.
¿Y LAS UNIVERSIDADES NACIONALES? ¿DÓNDE ESTÁN?
Esta situación también revela una insuficiencia de las universidades públicas. Cuando estas no amplían oportunamente su oferta de posgrado, mantienen procedimientos rígidos, concentran sus programas en modalidades presenciales o carecen de alternativas virtuales asequibles, abandonan parcialmente su función democratizadora de llevar la educación a mayores sectores que no cuentan con recursos para pagar los carísimos precios de las universidades privadas.
Ese espacio es ocupado por universidades privadas cuyas pensiones excluyen a docentes, servidores públicos y profesionales con menores ingresos.
La respuesta no debe consistir únicamente en cuestionar la rentabilidad privada, sino en que las autoridades de las universidades públicas demuestren iniciativa y voluntad de servir al pueblo que quiere acceder a la educación superior y de posgrado.
La universidad pública debe promover maestrías y doctorados accesibles, descentralizados, virtuales y de calidad, con becas y pensiones diferenciadas. La educación superior es un derecho y un bien público: no puede quedar subordinada exclusivamente a la capacidad económica de las familias ni convertirse en una fuente ilimitada de acumulación privada de los accionistas.
