La secretaria de Cultura y Disciplina de AUPI, María Roque Orovilla, planteó que la actual junta directiva ponga sus cargos a disposición para que la asamblea determine los mecanismos que correspondan y defina el rumbo de la organización durante la plenaria convocada para el próximo 26 de julio.
La reunión está programada para las 9:00 de la mañana y se espera la participación de los representantes de los asentamientos humanos que integran AUPI. Según explicó Roque, el encuentro permitirá que las bases conozcan el estado actual de la organización.
“Invocamos a todos los dirigentes que han estado en el congreso a participar de este evento y definir toda la situación de AUPI”, manifestó.
Como una de las posibilidades ante un eventual cambio en la conducción, mencionó que podría evaluarse la conformación de una directiva transitoria o un comité, dependiendo de los acuerdos que adopte la asamblea. “No se puede quedar acéfala AUPI”, señaló.
PUNTOS DE AGENDA
Dentro de la agenda de la plenaria se contempla la presentación de informes relacionados con AUPI. Entre los puntos previstos figuran la rendición de cuentas de los expresidentes: Mario Kana, la información pendiente de Lázaro Checmapocco; el informe de gestión del presidente actual Juan Carlos Paredes y el reporte económico de su directiva.
Roque indicó que estos temas serán expuestos ante los delegados para que puedan conocer la información correspondiente y, a partir de ello, tomar las decisiones que consideren pertinentes.
Respecto al pedido de separación temporal del presidente Juan Carlos Paredes, la dirigente sostuvo que serán los dirigentes convocados quienes deberán evaluar la situación y determinar la decisión final. Añadió que la vicepresidenta presentó su renuncia anteriormente, situación que también será considerada dentro del análisis.
ELECCIONES
Por otro lado, Roque Orovilla se refirió a la participación de algunos dirigentes de AUPI en las próximas elecciones municipales y regionales. Indicó que varios integrantes de la organización, incluida ella, acordaron solicitar licencia desde el 1 de septiembre, con la finalidad de evitar cuestionamientos y mantener una separación entre la representación dirigencial y la actividad política.
