POR DR. PHD JAVIER FLORES AROCUTIPA

Según la data al año 2016 en las 33 Cortes Superiores de Justicia en su conjunto tuvieron una carga procesal de 3’343,000, expedientes principales; es decir, un aumento de 15.1% con respecto al año 2009.

Mientras que, los Expedientes Principales Resueltos alcanzaron a 1’372,582 que representa un aumento de 18.4%, respecto al año 2009.

Es decir, el incremento de la capacidad resolutiva fue mayor al de la carga procesal. El incremento de la carga procesal se explica principalmente por el aumento en el ingreso de los procesos judiciales en los años 2011 y 2016, como se muestra en el primer cuadro.

1.-  En el primer cuadro notamos que fue en los años 2012, 2014, años cuando se dio el salto de la carga procesal de 2.9 millones a 3.14 millones de expedientes, y luego de esa cifra a 3.27 millones de expedientes a resolver en el año 2014.  Además de llegar al año 2016 con 3.3 millones de expedientes a resolver. ¿Y cuánto de esa carga procesal se resolvió? Luego lo veremos

2.- ¿Cuántos expedientes queda año para el año siguiente? Todo indica que son aproximadamente de 1.8 millones de expedientes. Pero en los años 2014, 2015 y 2016 las cosas se incrementaron muy “fuerte”.

Así en el año 2014 quedaron exactamente dos millones de expedientes. En el año 2015 de igual manera 1.99 millones, en el año 2016; 1.93 millones de expedientes. ¿Esto raya con la eficiencia, eficacia?, pero es cuando la lógica formal debería ordenar que esto merezca un tratamiento adecuado. Pero no es así.

3.- La capacidad de resolución del poder judicial en un año es de aproximadamente 1.1 millones de expedientes. Recordemos que la carga procesal es de unos 3.2 millones de expedientes.

Así en el año 2009 los expedientes resueltos sumaban 1.15 millones, en el 2011 fue de 1.27 millones de expedientes, en el año 2014 fue de 1.17 millones resueltos y en el año 2016 fue de 1.37 millones de expedientes.

4.- Pese a los esfuerzos de los miembros del poder judicial hay carga procesal que no es resuelta. Se trata de señalar que en promedio al año se queda pendiente una carga de 1.8 millones de expedientes.

Así en el año 2009 se quedaron 1.74 millones de expedientes, en el año 2012 se quedaron pendientes 1.8 millones de expedientes, en el año 2014 se quedaron pendientes 2.1 millones de expedientes, y cerró el año 2016 con 1.97 millones de expedientes por resolver.

Esa carga procesal es la que quedo para el 2017 con la subsiguiente carga que se origina en el año y estamos que a la fecha no se ha resuelto y queda cada año unos 2 millones de expedientes por resolver.

Todo hace suponer que si se quiere resolver esa carga procesal necesita un presupuesto 3 veces mayor que el que posea por ahora. A la fecha (2018) es de 2414 millones de soles, entonces requiere de 7200 millones de soles para resolver esa carga procesal. Y eso está bien difícil. Por ello se ha dicho que justicia que no llega en sentencia condenatoria o absolutoria no es justicia. Por eso las cárceles mayormente tiene presos, pero procesados no sentenciados.

ALGUNAS CONCLUSIONES

El sistema necesita un cambio profundo desde la perspectiva que tiene más presos del que puede albergar. Son más de 90 mil presos solo la capacidad de albergue es de 40,000 o sea que hay hacinamiento de más de 50 mil presos.

Esto desde ya no es justicia. Esto es injusticia. Ahora el problema son los expedientes que duermen el sueño dela injusticia. No se puede hablar de celeridad procesal ni de economía procesal.

Estamos hablando de dos millones de expedientes que se quedan en cartera todos los años y son dos millones o más los involucrados en estos casos. Lo cierto es que la indolencia pareciera que es parte del que hacer de los que manejan el Poder Judicial del Poder Ejecutivo en el Perú.

¿CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL? ¿13? DICEN QUE AHORA ES DEL ¿27?

Es conocida la preocupación de nuestra sociedad sobre la sensible imagen que tiene la población del Poder Judicial; se trata de una cuestión que afecta su confiabilidad y en esencia su legitimación social.

En los últimos años, las encuestas realizadas por la empresa de Investigación y Mercados lpsos-Apoyo, señala que la aceptación ciudadana respecto del Poder Judicial ha oscilado entre el 13% como nivel más bajo en el 2014 y el 23% como el nivel más alto en el 2016.

Es decir, es posible revertir en el mediano plazo un escenario negativo a uno favorable. Aunque al 2018 este se habría incrementado a un 27%. ¿Pero acosta de las prisiones preventivas?