POR: ABOG. SANTOS COHAILA FLORES     

Desde hace varios años, el Colegio de Abogados de Moquegua (ICAM) ha dejado de cumplir con una de sus funciones esenciales: promover la evaluación objetiva y sistemática del desempeño de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público a través de la opinión de sus propios colegiados. Esta omisión debilita un mecanismo fundamental de retroalimentación que podría contribuir a mejorar la calidad del servicio de justicia en la región.

La evaluación por parte de los abogados litigantes no debe entenderse como un acto de confrontación, sino como una oportunidad para que los operadores de justicia reciban percepciones valiosas sobre aspectos clave de su labor: el trato hacia los usuarios del sistema judicial, la transparencia en sus actos, la coherencia y motivación de sus decisiones jurisdiccionales, así como el respeto al debido proceso y a la tan exigida celeridad procesal. Porque donde la justicia llega tarde, simplemente deja de ser justicia.

Resulta necesario que se visibilice si los jueces y fiscales demuestran un adecuado dominio de la dogmática jurídica y si logran, mediante una correcta argumentación, que incluso las partes que no obtienen una decisión favorable comprendan la lógica jurídica detrás del fallo. Este nivel de claridad no solo fortalece la legitimidad de las decisiones, sino que refleja la capacidad del magistrado para explicar con rigor y pertinencia las razones de su actuación.

La motivación adecuada y la celeridad procesal no deberían ser solo exigencias legales, sino compromisos asumidos desde una comprensión profunda del rol que cumplen quienes imparten justicia. A su vez, la celeridad es también una manifestación de respeto y honestidad hacia el ciudadano, valores que, como la ley de la gravedad, deberían operar de forma inevitable en el sistema judicial.

En este sentido, la articulación de una evaluación basada en la visión de los abogados colegiados permitiría establecer un marco de cuatro pilares esenciales para la justicia en Moquegua: trato digno, motivación adecuada, celeridad procesal y honestidad. Esta “cuatrilogía”, lejos de ser una utopía, constituye el estándar mínimo que debería guiar el desempeño de todo magistrado.