POR: ING. FREDDY ZEBALLOS NÚÑEZ    

SOBRE CHILOTA CHINCUNE

El 14 de febrero de este año, se constituyó el Colectivo «Por el Desarrollo de Ilo», con la participación de 9 miembros fundadores: Raúl Valdivia Santillana, Ernesto Herrera Becerra, Mario Mantilla Medina, Daniel Fernández Pazos, Javier Zeballos Chávez, Walter Ascona Calderón, Cesar Caro Jiménez, Jorge Guzmán Miranda y un servidor, Freddy Zeballos Núñez. Se designó a Raúl Valdivia como vocero del grupo con el propósito de impulsar los proyectos cruciales de Ilo que se encuentran estancados, destacando la urgencia de la obra «Línea de impulsión y sistema de almacenamiento Chilota-Chincune Fase I», a cargo del Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM), entidad bajo la actual presidencia del abogado Humberto Jesús Tapia Garay, alcalde provincial de Ilo.

Tuve la oportunidad de exponer sobre este tema y se acordó solicitar una reunión con el alcalde de Ilo mediante una carta que detalla las preocupaciones relacionadas con esta importante obra. El 27 de febrero, el señor Carlos Diaz, secretario personal del alcalde, informó que después de su regreso de Lima, confirmaría la cita con el alcalde Tapia. Más adelante, indicó que había solicitado información al FDM y que esta sería revisada en aproximadamente 15 días, tras lo cual se programaría la reunión. Por consiguiente, estimamos que la entrevista se llevará a cabo en unos 20 días, durante la cual se abordarán todos los temas planteados en la carta.

Es importante destacar que la obra Chilota-Chincune, que debía completarse en 14 meses, lleva más de 9 años sin funcionar y el costo ha aumentado de 95 a 115 millones de soles. A pesar de que existe un Comité de Monitoreo designado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y según la carta de Anglo American al diario Prensa Regional, esta obra fue aprobada por dicho comité en noviembre de 2012, lo cual no concuerda con la realidad, ya que la conexión eléctrica se realizó recién el 26 de marzo de 2023.

SOBRE LOMAS DE ILO

No podemos ignorar que ambas obras, que fueron contratadas con el Consorcio Obrainsa – Astaldi durante la gestión de Martín Vizcarra, no están funcionando. Es de conocimiento público que en el proyecto «Lomas de Ilo» existe una acusación fiscal por un presunto soborno de 1 millón de soles, que el propietario de Obrainsa, Tejeda, admitió haber entregado a Vizcarra.

Actualmente, hay suficiente evidencia que indica que ambas obras están mal ejecutadas, sin embargo, por razones desconocidas, el Consorcio parece estar exento de responsabilidades en ambas situaciones. Esto significa que se han desperdiciado 435 millones de soles (115 millones en la primera obra y 320 millones en la segunda), sin obtener ningún beneficio tangible.

Es evidente que los problemas identificados en estos proyectos no han sido solucionados, lo que llevó a la salida de los dos gerentes generales del PERPG designados por la gobernadora Gilia Gutiérrez.

El 6 de febrero de este año, La Prensa Regional informó sobre dos arbitrajes relacionados con «Lomas de Ilo»: uno por la liquidación de la obra y otro por los vicios ocultos. Según se dijo, «Obrainsa Astaldi no recuperará garantías mientras exista laudo arbitral». Además, al haber iniciado el proceso arbitral por los vicios ocultos, la responsabilidad de la empresa no expirará el 6 de febrero, sino que finalizará cuando se resuelva el arbitraje.

Por otro lado, reitero mis opiniones previas sobre la falta de experiencia de Ricardo Catacora y Javier Romero para abordar los problemas de esta obra. Ahora, con la llegada de Franz Flores como nuevo gerente del PERPG, se anuncia el inicio de arbitrajes por la liquidación y los vicios ocultos, con un costo de 12 millones de soles pagados por el PERPG.

En mi opinión, es altamente previsible que el caso de los vicios ocultos resulte desfavorable para nosotros, dado que no existe un Acta de Recepción que documente los defectos o vicios ocultos por los cuales se invierten 12 millones de soles, firmada por ambas partes. Más bien, el Contratista cuenta con un Acta de Recepción sin Observaciones, rubricada por ambas partes el 6 de febrero de 2017.

Por otro lado, el artículo 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece claramente que las discrepancias relacionadas con defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. Según este artículo, el plazo de caducidad para resolver estas discrepancias se cuenta a partir de la recepción de la obra por parte de la Entidad, hasta quince (15) días hábiles después del vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista estipulado en el contrato.

En consecuencia, las discrepancias vinculadas a este tema habrían caducado el 27 de febrero de este año, información que presenté al Consejo Regional el 8 de febrero de 2024 mediante una carta.

Con el laudo que surja de este proceso, el PERPG estaría legalmente respaldado, en contra de los intereses del Estado, para: a) liberar la fianza de fiel cumplimiento; b) devolver el dinero retenido por los arbitrajes previos perdidos; c) no recuperar los mencionados 12 millones de soles invertidos por el PERPG en corregir los vicios ocultos; y d) eximir al Contratista de corregir otros vicios ocultos, cuya existencia está demostrada. Cabe destacar que ni siquiera se ha realizado una prueba de funcionamiento con un caudal de 900 l/s a presión en el conjunto de componentes de los 63,268 km de tubería de GRP, para los cuales se diseñó, ejecutó y pagó la obra.

En cuanto a la capacidad de Frank Flores para abordar los problemas de esta obra, considero que también carece de la experiencia necesaria. A pesar de haber ocupado el cargo de gerente de Infraestructura, su participación ha sido determinante en los resultados obtenidos hasta el momento.

Es importante recordar que existiría responsabilidad civil y/o penal en varios aspectos, como la ejecución de la obra, su recepción el 6 de febrero de 2017 y la falta de exigencia del cumplimiento de la responsabilidad del Contratista durante los 7 años transcurridos. El encauzamiento de estas responsabilidades recae en el Procurador del Gobierno Regional, quien ya ha iniciado acciones con el Comité de Recepción de 2017 y debería incluir a otros involucrados en el asunto en dicha acusación.

Cuando la gobernadora regional designó a Franz Flores como gerente general del PERPG por un mes, describió la situación como una «papa caliente» debido a la reticencia de los profesionales a asumir el desafío. Aunque aún no se ha conformado una terna de candidatos, la gobernadora mencionó que previamente contactó personalmente a profesionales, ex ministros y viceministros, pero ninguno aceptó la responsabilidad (LPR: 17/02/24).

Es importante señalar que este tema no es de naturaleza política, sino técnico-legal. Por otro lado, aunque he publicado 20 artículos sobre el tema con el objetivo de contribuir a su resolución, nunca he tenido conversaciones directas con la gobernadora. Al ver que mis sugerencias no eran tomadas en cuenta, expresé mi frustración a un amigo diciendo «que se jodan», y lamentablemente hemos llegado a la situación actual (11 de marzo de 2024).

Respecto a «Lomas de Ilo», los 7 años y 15 días hábiles adicionales han transcurrido, y personalmente creo que el PERPG perderá los arbitrajes tanto por la liquidación de obra como por los vicios ocultos, lo que representará un grave perjuicio para el Estado. En cuanto a Chilota Chincune, después de más de 9 años sin lograr completar una obra contratada originalmente para 14 meses, parece poco probable que se pueda completar en el futuro cercano.

En este sentido, quiero ofrecer mis servicios a la gobernadora regional y al presidente del FDM para liderar la gestión de estas dos obras, excluyendo cualquier otra actividad del PERPG o del FDM. Estoy completamente disponible para colaborar en este sentido. No está demás agregar que la conducción de estos temas, según la Ley de Descentralización, requiere una «capacidad de gestión», lo que implica interactuar con diversos actores técnicos, legales y políticos, algo en lo que tengo experiencia y capacidad para realizar.

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