POR: ENRIQUE LAZO FLORES
La crisis que el país vive en estas últimas semanas, generada por la Fiscalía de la Nación como parte de un todo, donde están comprometidos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y se suma a ellos el poder mediático, quienes finalmente manejan al país de acuerdo a los intereses manejados por la Confiep, es decir, el Poder Económico, se ha visto en medio de varios frentes, como cortina de humo que se fueron dando en momentos precisos y coincidentes, como la caída de Patricia Benavides y la salida de prisión de Alberto Fujimori.
Pero la solución de esta crisis no pasa por que la Fiscal de la Nación Patricia Benavides sea suspendida definitivamente, como parece que va a ser así, sino que lo que suceda en el Congreso tiene mucho que ver, ya que ellos marcarán la pauta de quiénes se van o se quedan, como ya lo hemos visto. Casi todos los poderes fueron capturados y solo esperaban capturar la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional Electoral, porque el objetivo del Congreso es precisamente salvar a los “niños”, a los “mochasueldos”, y a los casi cincuenta congresistas que tienen carpetas abiertas en el Ministerio Público liderado por Patricia Benavides.
Si en el transcurso de los días venideros la elección del nuevo titular de la Fiscalía de la Nación encargado no actúa como debe ser, cualquier cosa puede pasar en el país, porque las leguleyadas en todos los niveles del Poder Judicial están a la orden del día, y no sería nada extraño que la orden de captura dictada a los casi 11 congresistas que deberían haber sido ya detenidos por la Policía, orden de la fiscal Marita Barreto a quien Patricia Benavides sacó del camino, haya sido encarpetada desde el 6 de diciembre, un día antes del golpe de Pedro Castillo, y sea activada aún con la protección del Congreso.
Ese informe no fue ejecutado por la Fiscal Benavides, porque en esos momentos ella necesitaba contar con la mayor cantidad de votos para vacar a Castillo. En esa línea, el Fiscal de la Nación que sea nombrado el día lunes, en reemplazo de Benavides, será el que inicie las acciones paralizadas por la fiscal suspendida, y con ello seguramente anulen las resoluciones que nombran a fiscales sin mérito en reemplazo de las que fueron suspendidas. Esto representa una clara ofensiva contra los procesos anticorrupción, descabezando fiscalías especiales que llevan casos contra Dina Boluarte, cuatro expresidentes, la excandidata Keiko Fujimori, el alcalde de Lima y otros dirigentes políticos y empresarios de alto nivel. Esta paralización de investigaciones y procesos anticorrupción vino desde la Fiscalía de la Nación, dirigida por Patricia Benavides, quien en su momento era una aliada del gobierno y de la derecha que controla el Congreso y bajo las órdenes de Benavides, la Oficina de Control de la Fiscalía de la Nación también suspendió al fiscal Rafael Vela, coordinador de las fiscalías que ven casos de corrupción relacionados a Odebrecht, además de las fiscalías de lavado de activos, sacándolos de los procesos cuando varios de estos casos entran a una etapa decisiva.
Recordemos que para sacar al fiscal Vela, lo acusó por unas declaraciones dadas a la prensa hace tres años, donde Vela cuestionó una decisión judicial que levantó la prisión preventiva que tenía Keiko Fujimori en una clara intromisión de Benavides. Asimismo, se suma a esta ofensiva contra los procesos de anticorrupción, la destitución de la fiscal que investigaba a su hermana jueza, sindicada de cobrar sobornos para liberar narcos y reemplazarla por un fiscal que archivó el caso, y la de haber obtenido irregularmente sus títulos de maestría y doctorado, entre otros cargos que se le imputan.
Asimismo, Patricia Benavides también es cuestionada por la investigación que lleva adelante contra la presidenta Dina Boluarte por los 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, investigación que no avanza. Boluarte y altos funcionarios de su gobierno están en la mira desde el Ministerio Público, seguramente con este nuevo fiscal deberán retomarse hasta lograr que se cierre el círculo de procesos paralizados, donde también los ponen en la lista para sacarlos del medio como a la JNJ impulsado por la mayoría parlamentaria a pesar de no existir una causa que justifique esa medida.
Lo cierto es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, institución encargada de nombrar jueces y fiscales, están en la lista para ser removidos por este Congreso que no les conviene que saquen a Benavides, ya que se sentían protegidos, pero ahora podrían retomarse las resoluciones de captura a los congresistas denunciados por la Fiscal Marita Barreto y ser enviados al penal, como lo señala el informe 155-2022, que Patricia Benavides encarpetó durante un año.
En este escenario, la semana entrante se torna decisiva para Patricia Benavides. Por lo pronto, empieza a hacer su defensa solicitando primeramente la suspensión de la resolución que la suspende y que fue emitida por el Jurado Nacional de Justicia (JNJ), por lo que dos congresistas presentaron una moción al congreso para suspender a la Junta Nacional de Justicia, porque señalan que Patricia Benavides está siendo víctima de un atentado a sus derechos y que los integrantes de la JNJ deben ser removidos. Esto sería un boicot a los procesos anticorrupción, lo que debilitaría aún más a la democracia. Mientras tanto, más de medio centenar de «mochasueldos», los «niños» y los viajeritos no pueden conciliar el sueño.
