POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
En los últimos días hemos sido testigos de las furibundas críticas en la Defensoría del Pueblo por la salida de “funcionarios de carrera”, reemplazados por otros que -en apariencia- no cumplirían el perfil idóneo. Uno de los cuestionadores ha sido el Sindicato de dicha entidad. Si tienen razón, o no, lo analizaremos a continuación.
De manera preliminar, este gremio mantuvo conflicto de intereses al interior del centro laboral, pues se opusieron fervientemente a que el Congreso de la República escogiese al sucesor de Walter Gutiérrez, cuya interina Eliana Revollar llevaba más de 1 año. Para ello consiguieron “su juez”, quien a través de prolongadas medidas cautelares bloqueaba cada intento del Parlamento a proseguir con la designación. Hasta que el Tribunal Constitucional zanjó el tema señalando que es función exclusiva y excluyente del Legislativo nombrar al Ombudsman. Así sucedió, recayendo la responsabilidad en Josué Gutiérrez, decidiendo a su vez contar con personal de confianza.
Ahora bien, los cesados pudieron haber estado 1 día o 10 años, pero al haber ocupado cargos de dirección la remoción se da en cualquier momento. Y, en cuanto a los nuevos burócratas, estos deben cumplir con el Manual de Perfil de Puestos, así como la Ley 31419 y su Reglamento. En apariencia, todos son idóneos. Entonces, ¿a razón de qué vienen las críticas? Sí, política. Es harto conocida la postura ideológica de esta institución desde su creación. ¿Más claro? Tendencia caviarona. Por lo tanto, para la progresía el retiro de estas personas casi entronizadas es sinónimo que el sistema democrático está en peligro. Nada más alejado de la realidad.
Cada cuatro años se renuevan autoridades municipales y regionales. Electos los alcaldes y gobernadores escogen su equipo de transferencia con sus pares salientes. El 1 de enero siguiente, estrenan funcionarios (desde el gerente municipal o general regional, hasta el subgerente o jefe). ¿Y qué ocurre con el distrito, provincia o región? Nada, todo sigue igual, toda vez que existe el principio de continuidad de la gestión pública.
Exactamente lo mismo ocurre en esta noble institución tutelar. Los ingresantes (y los que se incorporen) deberán continuar con la gestión cumpliendo con las políticas públicas dictadas por el Titular del Pliego.
Pensar o creer lo contrario es caer en la demagogia. En el Estado peruano, señores y señoras, no hay vacas sagradas.
