De acuerdo a la escritura Nº 1172 del 20 de agosto de 2008, validada por el notario público Roberto Delgado Valdivia de Mollendo, se pudo conocer que, el ciudadano Héctor Eduardo Valencia Gordillo y el abogado Juan Carlos Huanca Molero y su cónyuge, entregaron como otorgantes al notario una minuta para que ésta sea elevada a escritura pública, conteniendo una promesa de compraventa de derechos y acciones.
DIEZ MIL METROS CUADRADOS
En el documento, Valencia Gordillo vende a Huanca Molero un área de 10 mil metros cuadrados comprendido en el terreno de “Lomas de Catarindo y Posco”. Según el escrito, se hace constar que el vendedor es aparentemente, propietario de cierto porcentaje de derechos y acciones de ese terreno, cuyas medidas perimétricas y demás características figuran en la ficha Nº 84877 de Registros Públicos.
Cabe indicar que dicha ficha en cuestión está a nombre de la familia Tohalino, sobre la cual existe un proceso judicial entablado por la SBN que demanda se declare la nulidad del acto jurídico de inscripción de la ficha Nº 84877, el cual se encuentra en casación.
VALOR DEL TERRENO 1500 DÓLARES
Ahora, de acuerdo al documento, el terreno vendido a Huanca Molero, se encuentra en la AVIS Los Pinos y tuvo un costo de 1500 dólares. Con esta transacción, el vendedor se obligaba a efectuar la escritura pública definitiva en cuatro años, cumpliendo con el saneamiento documentario del terreno, algo que se desconoce a la actualidad; aunque se menciona la posibilidad de ampliar la vigencia del acuerdo de compra venta.
¿NO HAY MEDIDA JUDICIAL SOBRE EL TERRENO?
Además, el vendedor sostuvo, según el documento, que sobre los derechos y acciones del terreno en venta, no pesa medida judicial o extrajudicial, ni gravamen que limite los derechos para el saneamiento legal. Esto es algo que al parecer contradice con lo que se conoce del caso Tohalino.
LA VERSIÓN DE HUANCA MOLERO
Dado que el abogado Juan Carlos Huanca Molero es actualmente procurador de la Municipalidad Provincial de Islay y es entendido en el seguimiento del caso Tohalino; fue consultado por este medio al respecto para el esclarecimiento pertinente, mencionando que en ese tiempo (2008) no ejercía ningún cargo público y que además el terreno le fue cedido como especie de agradecimiento a su persona por parte del vendedor (Valencia Gordillo) por un asunto personal, inclusive indicó que el precio solo fue simbólico y que nunca tomó posesión de esa área.
“Esos hechos ocurrieron en el 2008 y yo entro a trabajar a la Municipalidad Provincial de Islay en febrero de 2015 (…) Esto fue cedido por un amigo en común que tengo Héctor Valencia Gordillo, porque tuvo un proceso judicial en el cual yo lo defendí y en agradecimiento se preparó un documento. En ese tiempo el gobierno local era Miguel Román Valdivia y yo no trabajaba en la municipalidad. Cuando fuimos a ver dónde quedaba el terreno, encontramos unas personas que estaban ubicadas allí. No me ha costado nada, no invertí dinero. El precio fue simbólico. Entonces lo dejé (…) Lo que yo tengo me cuesta”.
Agregó “… Ya en el 2015 o 2016 alguien hizo público esto mismo. Y ¿por qué lo sacaban?, porque yo ya estaba trabajando en la municipalidad y estaba haciendo las denuncias y demandas y aclarando las cosas, dando información de la SBN (sobre el caso Tohalino) y a alguien no le pareció y sacaron ese documento (…) Yo no he tomado posesión ni he asumido propiedad de ese terreno, ni reclamo nada. (…) Yo voy a seguir al final de mi gestión en contra de los Tohalino”.
