POR: CÉSAR CARO JIMÉNEZ    

En más de una ocasión he escrito y dicho que a mi entender, tanto Ilo como el departamento de Moquegua, son consecuencia en gran parte, tanto en sus virtudes como en sus defectos, de la presencia en su ámbito territorial de la SPCC, bien propiedad ayer de norteamericanos, como hoy de mexicanos.

Y en ambos casos, como sucede en estos días en las cercanías de Cuajone, su presencia y actuar ha sido más motivo de conflictos que de una convivencia armoniosa, como viene ocurriendo desde el lejano 1954, año en el cual “la Southern” creada por cuatro empresas mineras norteamericanas, firmó un contrato con el Gobierno de Odría para la explotación del yacimiento de cobre en Toquepala, con una inversión de alrededor de US$ 250 millones que fueron invertidos en construir un terminal portuario, una fundición en Ilo, un ferrocarril industrial y una carretera de Ilo a Toquepala, donde se explotaría la mina a tajo abierto y habría una planta concentradora, hasta llegar a nuestros días donde aparte de Toquepala existe Cuajone, centros mineros que han sido testigos y actores de muchas huelgas, tanto por el reconocimiento de sus sindicatos como por mejoras salariales, siendo la más trágica la de 1966, cuando el Gobierno de Belaúnde usó mano dura con los dirigentes y activistas sindicales, ocurriendo lo que se conoce como llamada “masacre de Toquepala”, cuando la guardia civil disparó contra una multitud que se había formado alrededor de la “mercantil” de la empresa en el sector Plaza, muriendo tres personas.

Algo que deben presente aquellos que hoy por hoy reclaman mano dura con los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, que si bien es cierto que se vienen excediendo en sus reclamos, sobre todo al cortar el agua potable, no deja tampoco de ser cierto que es increíble que aun existan en las comunidades altoandinas centros poblados que carecen de los servicios básicos como son el agua, el desagüe y luz eléctrica, problemática que genera usualmente resentimientos y envidias que son abonados, además, por los complejos de superioridad de muchos de los trabajadores directos de la SPCC, que aparte de la empresa, se benefician con los réditos que genera la extracción de los recursos mineros, los que en teoría pertenecen al Estado, del cual todos formamos parte. Y vale la pena recordar que la Southern tiene derecho al uso de agua para Cuajone de cinco litros por segundo del río Torata y dos mil litros por segundo de la laguna Suche, los cuales son destinados mayormente al uso industrial, a pesar de ser quizás el agua de mayor calidad existente en la región. Por ello y por otros muchos aspectos, espero que se respete a plenitud la vida y que se negocie con paciencia y comprensión, esperando que no primen las pasiones, los resentimientos y los complejos de superioridad que solo conducen a la represión violenta, sangre y muerte.

Y aquí cabe mencionar a Adam Smith, uno de los economistas más famosos de la historia que es considerado el padre de la economía moderna liberal, quien en uno de los pasajes menos conocidos de la obra “La riqueza de las naciones”, advierte sobre las verdaderas motivaciones que generalmente se esconden detrás de las propuestas empresariales disfrazadas de obras en favor del desarrollo económico y social, y recomienda a la sociedad tener mucho cuidado porque generalmente porque los empresarios cuentan con el apoyo incondicional de las autoridades civiles y militares al mismo tiempo que dispone del tiempo, de la información y de los recursos necesarios para elaborar propuestas encaminadas a aumentar sus ganancias a costa del bienestar de la sociedad; propuestas que en la mayoría de ocasiones, paradójicamente son implementadas con el apoyo de los sectores que eventualmente saldrán perjudicados en sus salarios o en sus rentas, como vemos que viene ocurriendo con los trabajadores directos de la SPCC, quienes al parecer han borrado de sus diccionarios el concepto de solidaridad, reemplazándola por el egoísmo personal.

Y en cuanto a la empresa, no podemos dejar de recordar aspectos negativos de la misma, que aparte de la lucha contra la contaminación ambiental en varias aristas, dio lugar a que gracias a los esfuerzos de la ONG Labor se llevase el caso ante el II Tribunal Internacional del Agua con sede en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, en febrero de 1992.

Pero volviendo al presente y a la Southern, cabría preguntar mirando de reojo lo que está ocurriendo en Chile: ¿cuándo va a cumplir con pagar las acciones laborales que adeuda a extrabajadores de la empresa, motivo de un largo proceso legal que ha perdido en todas las instancias? ¿cuándo va a llegar a un arreglo satisfactorio con el Gobierno Regional, respecto a la ocupación aparentemente ilícita de Quebrada Honda para depositar sus relaves y que ha dado lugar a un proceso judicial que duerme el sueño de los justos merced bien a la desidia, incompetencia o intereses de ciertas autoridades regionales? ¿hasta cuándo, sus objetivos empresariales van a seguir predominando sobre los nacionales y regionales? En esto último me refiero a la posibilidad, –obligación diría mejor–, de posibilitar en función del bien común, del departamento y el país, ponerse de acuerdo con Anglo American, respecto al uso de la red ferroviaria, posibilidad en la cual bien haría en embarcarse el inefable gobernador regional.