Southern Perú reitera disposición al diálogo y lamenta atentado contra la salud de 5 mil personas e interrupción de las operaciones de Cuajone
El pasado 10 de febrero pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), iniciaron una acción de fuerza sin sustento contra Southern Perú, bloqueando su vía férrea a la altura del túnel R2. El grupo de manifestantes de esta comunidad aducen erróneamente una supuesta usurpación de sus terrenos.
A la fecha, los manifestantes han radicalizado sus reclamos impidiendo el paso del concentrado de cobre por la vía ferroviaria y tomando por la fuerza el reservorio de Viña Blanca que abastece de agua al campamento de Cuajone. Durante estos actos también se registraron agresiones contra el comisario de Torata y demás miembros de la Policía Nacional del Perú.
Producto de estos actos al margen de la ley, han cerrado las válvulas que dotan de agua a la unidad minera de Cuajone, paralizando su producción desde el lunes 28 de febrero y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y familiares que viven en el campamento minero.
Desde el inicio de estas acciones, Southern Perú está efectuando importantes esfuerzos de diálogo en coordinación con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, la intransigencia de los dirigentes no permite llegar a un acuerdo pacífico con estos pobladores, puesto que ellos condicionan la suspensión de las medidas de violencia, a un pago de 5 mil millones de dólares de parte de la empresa, entre otros pedidos.
Southern Perú rechaza tajantemente haber usurpado terrenos de la comunidad como alegan sus representantes. Desde 1951, la compañía tiene derechos superficiales vigentes que son parte de sus concesiones mineras, así como derechos de servidumbre respecto de su infraestructura (línea de agua, reservorio, ferrocarril, líneas de trasmisión eléctrica, carreteras, etc.). Todos estos derechos han sido otorgados y autorizados muchos años atrás por el Estado Peruano.
La empresa lamenta profundamente que estas actitudes radicales pongan en grave riesgo la vida y salud de los trabajadores de Cuajone y sus familiares dependientes, al quedar desabastecidos de agua en el hospital, viviendas y áreas comunes, afectando la integridad de aproximadamente 5 mil personas.
Igualmente, llamamos la atención sobre el impacto en la economía nacional y de Moquegua, que significa tener paralizada la operación de la unidad minera Cuajone desde el 28 de febrero, lo que evidencia un atentado contra la propiedad privada y el país.
Finalmente, la compañía reitera su completa disposición a iniciar un proceso de diálogo, luego que se levante la medida de fuerza, en el marco del respeto de la legalidad y el Estado de Derecho. Asimismo, hace un llamado a las autoridades a fin de garantizar que se reestablezca prontamente el orden público y de esta manera se proteja la vida y la salud de sus trabajadores y familiares asentados en Cuajone.
04 de marzo de 2022
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
