POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Diversos proyectos de ley, indefiniciones del propio gobierno, extrañas alianzas políticas, ponen en la mesa de discusión, una vez más, al sistema universitario, y en especial a su instancia rectora la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu); instancia determinante en un proceso encaminado a una auténtica reforma universitaria, impulsaba con la vigencia de la ley 30220.
Hace diez años escribíamos en este mismo espacio: “son ciento veintinueve las Universidades, entre públicas y privadas, las que existen en el Perú; adicionalmente, tenemos reconocidas legalmente con nivel universitario treinta y siete instituciones educativas. Durante el último periodo legislativo 2006-2011 se crearon dieciséis nuevas universidades, dentro de los treinta y cuatro Proyectos que fueron propuestos. En lo que va dentro de la presente legislatura, ya se han presentado nueve nuevos proyectos de ley. La máxima autoridad universitaria, cual es la Asamblea Nacional de Rectores, tiene como fin el estudio, coordinación y orientación general de las actividades universitarias, sin asumir funciones más protagónicas y decisorias; CONAFU, que tiene en sus atribuciones la evaluación de las solicitudes de autorización de funcionamiento de nuevas universidades tiene limitada sus competencias por un fallo emitido por el Tribunal Constitucional. En la propia organización universitaria se encuentran problemas de legitimidad en sus autoridades, por ello es frecuente percibir impugnaciones a las elecciones en sus distintos órganos de Gobierno; no está bien remunerado el docente universitario, peor aún el contratado, la homologación remunerativa marcha a paso lento. Las llamadas “filiales universitarias”, así como los estudios a distancia, no se encuentran debidamente regulados y menos supervisados”.
La memoria es frágil, una radiografía de entonces nos permite interiorizarnos con aquel contexto: infraestructura deficiente, improvisación en ambientes de vivienda para aulas, escaso equipamiento, inexistencia de laboratorios, abundancia de profesores contratados y mal pagados, maestrías y doctorados de fin de semana o fin de mes, estudios de pre grado a distancia y sin mayor control, inadvertida investigación científica, limitadísimo aporte al desarrollo del país sin mayor involucramiento con su entorno social e institucional inmediato, incipiente acreditación universitaria, todo ello repercutiendo en una deficiente calidad en la formación de nuestros esperanzados estudiantes universitarios.
En ese contexto, asumiendo el grave estado de salud en que se encontraba la universidad peruana, nos determinamos por proponer una iniciativa de ley que se convertiría en la ley de Moratoria en la creación de nuevas universidades públicas y privadas por cinco años-fue el primer paso de un reto enorme-, y a efecto de ella se endosó una legítima, necesaria y urgente agenda: revisar, trabajar y proponer un nuevo marco legal para las universidades del país, no más propuestas “parche”.
La Comisión de Educación, en dicho periodo se involucró por la calidad educativa en el país, pues también se aprobó la llamada ley de reforma magisterial y la ley de Educación Técnica Superior, columnas vertebrales de nuestra educación. Estuvo bajo la presidencia de Daniel Mora y de la cual fuimos integrantes, la labor fue intensa, ardua, no ajena a los cabildeos que determinadas universidades ejercían.
La tarea congresal se desarrolló con un trabajo programado, descentralizado y amplio; en la propia comisión de educación se recepcionaron más de cuarenta proyectos de ley para modificar la legislación vigente, se recibieron opiniones de instituciones, especialistas y estudiosos; sin descuidar la participación de las Universidades de forma directa o asociada, obviamente participó la ANR, CONAFU, CONEAU y diversas organizaciones vinculadas al quehacer universitario.
Como consecuencia de esa labor legislativa el 9 de julio del 2014 se promulgó la ley Universitaria, contra la que se plantearon diversas acciones de amparo con sus medidas cautelares, demandas de acción popular, y cuatro demandas de inconstitucionalidad, que finalmente fueron resueltas por el Tribunal Constitucional, declarando que la nueva ley universitaria es constitucional. La ley regulaba un auténtico proceso de reforma, desde entonces está en la mira la Sunedu, que propone orden y autoridad; garantiza la calidad de la educación universitaria para nuestros jóvenes; exige competencia y aptitud a los docentes; transparenta el uso de sus ingresos y se le dota de mejores mecanismos de control para su disposición; se ajustan los mecanismos de evaluación y acreditación, sin menoscabo de la autonomía universitaria, que no debe confundirse con autarquía, que fue el argumento de mayor uso para contrastar el nuevo marco legal, no obstante el artículo 18 del texto constitucional, señala con claridad que la autonomía universitaria se ejercita dentro de lo que la Constitución y el Estado establecen.
Es un paso importante el que se ha dado, pero éramos conscientes que se trata de un largo y tedioso proceso de consolidación, en el cual se encuentra ahora, y advertidos de las zancadillas que ocasionalmente podrían surgir, su concretización traspasa la responsabilidad de sólo el sistema universitario. Una mejor universidad, para mejores profesionales en un país que tanto los necesita. Este es un proceso irreversible.
