La Contraloría General halló irregularidades en la instalación de módulos prefabricados destinados a la atención médica de pobladores de la comunidad de Amata (distrito de Coalaque), lo que ocasionó un perjuicio económico ascendente a S/ 23 400 y además determinó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de tres servidores públicos.

En el año 2019 las intensas lluvias ocasionaron huaicos en la provincia General Sánchez Cerro, por lo que se declaró en emergencia varios distritos. En ese contexto, el Gobierno Regional (GORE) de Moquegua contrató de manera directa a una empresa para la ejecución del servicio de confección, transporte e instalación de módulos por la suma de S/ 234 000 y un plazo de 35 días calendarios.

El Informe de Control Específico 011-2021-2-5347, que comprende el período del 24 de julio 2019 al 23 de enero de 2020) reveló que los servidores responsables de cautelar el servicio, cuatro días después de suscrito el contrato, modificaron los términos de referencia y redujeron de 45 a 20 la cantidad de bases de cemento, que soportan el peso de la estructura metálica del ambiente de salud, sin justificación técnica.

La comisión auditora junto a representantes de la entidad y de la comunidad de Amata visitaron la zona donde se ejecutó el servicio y constataron que no fue concluido totalmente. Además, verificaron que el piso vinílico instalado por el contratista presentaba grietas a pesar de haber transcurrido solo poco más de un año de vida útil. Ante estos hechos se evidenció que la entidad no aplicó la penalidad por mora atribuible al contratista.