El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, habló este martes con RPP Noticias desde la clandestinidad, seis días después de que el Poder Judicial le dictara una sentencia de seis años de prisión efectiva por el caso el ‘Aymarazo’.
Afirmó que se le ha sentenciado sin hechos probatorios. «El hecho de sentenciar leyendo algunos periódicos y leyendo alguna información de inteligencia, creemos que no es un medio probatorio justificable», dijo
En ese sentido, indicó que los más de 140 testimonios recogidos por la fiscalía en contra suya, provienen de personal de inteligencia del Estado y de informes de prensa.
Además, aseguró que la quema de varios locales públicos, registrados durante los desmanes del Aymarazo en mayo de 2011, fueron provocados por agentes del servicio de inteligencia infiltrados en las protestas, «al mismo estilo de la marcha de los cuatro suyos».
El gobernador insistió en que no hay pruebas de que él haya ordenado esos actos de violencia.
«Eso lo ejecutaron terceras personas, eso es lo que no me prueban a mí. No hay un audio, ni un medio probatorio en el que yo ordeno […] que me prueben que ordene a terceros para cometer delitos», manifestó.
Al ser consultado sobre si piensa entregarse a la justicia, solo respondió que agotará todas las medidas legales en su defensa, y que de ser el caso acudirá a instancias internacionales.
DELITO CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
El Poder Judicial dictó seis años de prisión efectiva al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, al que encontró como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, del llamado caso ‘Aymarazo’,
El Juzgado Penal Colegiado de Puno, presidido por la jueza Jackeline Luza Cáceres, ordenó la inmediata captura de la autoridad regional y su posterior reclusión en un penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La defensa del dirigente aymara argumentó durante el proceso que Walter Aduviri nunca planificó las violentas protestas de mayo de 2011, en la que se quemaron los depósitos de Aduanas y las oficinas de la Contraloría y la Gobernación de Puno.
Cabe mencionar que la Fiscalía había pedido siete años de prisión para Aduviri Calisaya, además del pago de cinco millones de soles de reparación civil a favor del Estado.
El despacho de la Gobernación Regional de Puno quedó a cargo del vicegobernador regional Agustín Luque. (Fuente RPP)
