ENTREVISTA: PAUL HERRERA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, anunció que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un grupo de proyectos destinados a la reforma política, relativos al retorno a la bicameralidad, el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, así como la no reelección de congresistas.

La reforma del sistema de justicia está en la agenda nacional, ¿cómo puede participar la ciudadanía en esta tarea que impulsa el Poder Ejecutivo?

Después de las iniciativas que el Presidente de la República puso a consideración de la opinión pública, se observa una unánime actitud positiva de sumarse a este liderazgo que impulsa el Jefe del Estado. En democracia a veces también existen voces discordantes, pero al final estas deben sumarse y de repente hasta pueden ayudar a mejorar la propuesta.

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) trabajamos en la posibilidad de hacer foros de carácter macrorregional en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura, para informar y socializar los temas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Ante la crisis del sistema de justicia en el país, tiene que abrirse el espacio de discusión. Este ministerio está afinando estos procesos para que el Poder Ejecutivo tenga presencia y traslade también los contenidos de las iniciativas legislativas y de reforma constitucional presentadas al Parlamento Nacional.

¿Se alistan más propuestas legislativas?

Recientemente hemos emitido el decreto legislativo relacionado a la pérdida de dominio para que todas aquellas ganancias o bienes adquiridos de forma ilícita pasen a reforzar presupuestalmente al propio sistema de justicia.

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) tiene aquí un rol preponderante. Igualmente, se ha aprobado un decreto legislativo para controlar y sancionar la violencia contra las mujeres y los núcleos familiares y, asimismo, se está instaurando todo un sistema de justicia.

Hemos presentado siete proyectos de ley y una primera propuesta de reforma constitucional relativa al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los próximos días deberán presentarse tres proyectos de reforma constitucional adicionales relativos a la bicameralidad, al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, y a la no reelección de los parlamentarios.

¿Se tomará en cuenta el trabajo realizado por la Comisión de Estudio del Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en esta reforma?

Exactamente. Estamos actualizando los trabajos de esta comisión, si se hubieran implementado sus acuerdos el sistema de justicia de nuestro país en estos momentos sería marcadamente diferente.

Eso es una base que tiene que actualizarse y a partir de allí reimpulsar una auténtica reforma de la justicia de nuestro país. También deben actualizarse los acuerdos importantes que se lograron mediante el Acuerdo Nacional por la Justicia. Son dos antecedentes que vamos a usar como insumos para afinarlos y alcanzar propuestas complementarias al país.

¿Hacia dónde debe apuntar la reforma del sistema de justicia en el país?

Esperamos que tenga un impacto positivo en todos los actores de la decisión política. El Poder Ejecutivo cumple con su iniciativa. Esperemos que el Poder Legislativo dé un tratamiento de carácter urgente a los proyectos presentados.

No olvidemos que son iniciativas legislativas, que pueden sujetarse a contrastes o a mejoras, obviamente tenemos la mejor predisposición democrática de comprometer y de sumar esfuerzos. De lo que se trata es de reforzar, pero también que haya inmediatez en las respuestas.

¿Convocarán la participación de otras instituciones?

Hace una semana nos visitaron los decanos de los colegios de abogados y nos trasladaron una legítima preocupación. Hasta ahora pareciera ser que la respuesta para los problemas de la justicia es solo de la judicatura y de los actores políticos, ¿y los gremios profesionales? Entonces, ellos se han autoconvocado, obviamente desde nuestro despacho les hemos abierto las puertas para que puedan sumarse a esta convocatoria.

El abogado también tiene un punto de vista para sumar, aportar y construir. Hay abogados que están comprometidos en hechos ilícitos irregulares, pero no todos. Así como existen malos jueces o malos fiscales, hay buenos jueces y buenos fiscales y a ellos hay que revalorizarlos, deben ser un ejemplo al cual seguir como actitud frente a esta circunstancia delicada en la que está comprometida la justicia de nuestro país.

¿Cómo evalúa la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal (NCPP)?

Por cuestiones presupuestales no acaba de implementarse el NCPP en Lima. Esa es una grave debilidad, porque este código optimiza los procedimientos, acelera los plazos y, sobre todo, nos permite una justicia más óptima.

En atención a esta urgencia que está viviendo la administración de justicia en nuestro país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, está tomando interés y se dará un trato preferencial para darle un soporte presupuestal especial al Poder Judicial a fin de que cuente con los recursos que permitan una mayor implementación del NCPP.

A propósito de la necesidad de reformar el sistema de justicia, ¿considera que existen aspectos de este código que deben mejorarse?

El NCPP tiene aspectos positivos como también aspectos que, de una u otra manera, deben revisarse. Sin embargo, este cambio tiene que ser necesariamente articulado con los actores directos de la justicia, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Nosotros lo que ponemos a disposición es nuestra firmeza y voluntad política de poder participar de un escenario de toma de decisiones de carácter corporativo. Este tipo de normas necesariamente tiene que pasar por un proceso de entendimiento en el sistema de justicia

El Minjusdh recibió una propuesta de reforma del Código Civil elaborada por expertos. ¿Se analizarán sus planteamientos?

Tenemos la delicada responsabilidad de actualizar y sobre todo poner en vigencia normas que estén óptimas con los tiempos actuales. Me refiero a una revisión integral de todos los códigos, de todas las leyes orgánicas. Tenemos escasamente dos semanas en el despacho ministerial, no obstante, ya hemos instituido diversas comisiones de trabajo. Esperamos que en un plazo de 30 días podamos contar con algunos resultados o por lo menos propuestas de trabajo programadas para ejecutarse de acá a futuro.

¿El Minjusdh ha recibido algunas propuestas complementarias para la reforma del sistema de justicia en el país?

No puedo pasar por alto el comentario de lo que dispuso como primera acción el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. Él nos habla de una propuesta interesante –por ejemplo– como el homologar lo que es la formación de los jueces y fiscales a lo que es la formación de los embajadores. Más o menos son tres años en la Academia Diplomática y cierta similitud debería tener también la formación de los jueces y fiscales en la Academia de la Magistratura, para empezar.

También no puedo pasar por alto la propuesta de elecciones universales dentro del gremio de los jueces y fiscales para la elección de cargos directivos en la magistratura, como titular de la corte superior, presidente de corte suprema. Iniciativa que también sería una forma de transparentar la justicia.

Otro tema complementario que lo estamos revisando dentro del gabinete de trabajo es, por ejemplo, avanzar hacia una Corte Suprema de Justicia con una única sala o con dos salas, pero bastante restringida respecto a sus competencias. Esto, a fin de que la Corte Suprema no actúe como instancia, sino que lo haga como órgano encargado de conocer los recursos de casación. Hay alguna discusión en la doctrina para acudir así a una descarga procesal y optimizar la cobertura de justicia como lo es en otros modelos del derecho comparado.

¿Esto implicará reformar el Código Procesal Civil y también en lo penal?

Obviamente, y también la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público, respectivamente; pero eso ya implica un trabajo mucho más integral y arduo en factor tiempo.

Ahora obviamente en las circunstancias que estamos de crisis de la justicia tenemos que dar respuestas inmediatas. Son etapas diferentes, unas de respuestas inmediatas con las propuestas que ya las hemos lanzado al Parlamento y otras mediatas que tendrán que darse en función a una revisión integral de estas leyes que tienen el carácter de orgánica y de códigos.