POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
No se pueden asumir los recientes acontecimientos en Venezuela de manera aislada. Era clara la perspectiva norteamericana de levantar una “cabeza de playa”; el público apoyo de Trump a gobernantes latinoamericanos de sus simpatías, el bloqueo, retiro o aislamiento de distintos organismos internacionales lo refuerzan y, si alguna duda nos quedaba, está la publicitada nueva Estrategia Nacional de Seguridad, en la que se reaviva explícitamente la Doctrina Monroe —“América para los americanos”, el patio trasero—, con énfasis en la primacía estratégica estadounidense frente a la presencia de otras potencias.
Por nuestros predios, cuando algunos leían con entusiasmo el anuncio de nuestro canciller de que el país del norte impulsaba la designación del Perú como aliado no miembro de la OTAN, era claro su interés por instrumentalizar nuestra ubicación estratégica frente a la presencia china.
Muchos recuerdan la intervención norteamericana en Panamá, en 1989, para capturar a su exlugarteniente Manuel Noriega, quedando corta la memoria para refrescarnos lo que ha significado la política del “garrote” norteamericano por estos lares. Meses atrás compartía un ameno libro de Mario Vargas Llosa, Tiempos recios, que nos da, si bien desde una perspectiva literaria, una somera descripción de un suceso histórico que retrata lo que ha sido nuestro acontecer político: sometimiento, contubernio y crimen.
A este respecto, el Comité Editorial de The New York Times publicó un editorial contundente: “Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un Estado fracturado. Las consecuencias trágicas de la guerra de 2003 en Irak siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizá lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos, como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza”.
El fraude electoral de las últimas elecciones venezolanas, denunciado por tirios y troyanos, no fue solo la corroboración de la existencia de un régimen autoritario, corrupto, violento y represivo, sino también de las profundas brechas de descontento popular que gradualmente venían consolidando una propuesta alternativa. Las fuertes oleadas migratorias y la pobreza extrema de sus ciudadanos, agregado a ello la violencia de algunos grupos, hicieron sentir su presencia en los países que brindaron un brazo solidario, pero incapaces de asumir una respuesta institucional a un problema que ya sobrepasaba sus capacidades.
Naciones Unidas ha resultado infructuosa por el veto ejercitado indistintamente por sus miembros permanentes (EE. UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido), que han convertido a su Consejo de Seguridad —sin cuya decisión no pueden actuar los organismos de la ONU— en un punto de desencuentro de intereses geopolíticos; por consiguiente, ha sido sumamente ineficaz, aun cuando distintos organismos internacionales evidenciaron graves transgresiones a los derechos humanos del régimen venezolano.
Ante el fracaso de la OEA, en los primeros meses de su gobierno Pedro Pablo Kuczynski impulsó el Grupo de Lima. Hubo espacios de trabajo en Cuba y México; la comunidad internacional no estuvo ausente, más sí ineficaz para concretar acuerdos que solventaran una salida transitoria. Obviamente, el gobierno de Maduro se mostraba interesado, pero siempre inconforme, negando sistemáticamente toda salida al entrampamiento democrático.
¿Existe el derecho internacional? Es una interrogante que desde buen tiempo atrás, con legitimidad, nos formulamos. Tribunales de justicia internacional que solo hacen eficaces sus decisiones con países modestos; bombardeos indiscriminados a otros Estados; ajusticiamientos extrajudiciales; secuestros; crímenes de Estado; genocidio; principios de soberanía, igualdad y no agresión violentados.
Es indiscutible que se han dado avances importantes en la armonización de la comunidad internacional y en la construcción de un marco jurídico internacional, pero insuficientes para perfilarnos hacia una sociedad homogénea e igualitaria, porque siempre los afanes protagónicos, imperiales y prepotentes se han impuesto. Un derecho internacional que reclama su legítima vinculatoriedad y eficacia en la búsqueda de la paz y la seguridad internacional que persigue consolidar.
Poco que añadir a la confrontación política, económica y militar entre los tres grandes Estados —China, Rusia y EE. UU.— en su lucha encubierta por un renuente liderazgo, ante la parsimonia europea. Los demás somos actores secundarios, ante nuestra propia inoperancia para articular necesidades, estrategias y oportunidades.
Venezuela no es una democracia; sus gobernantes deben ser removidos; la vía democrática fracasó. La comunidad internacional, organizada o no, es recurrente en su pasividad. ¿Esto acaso entrega atributo a otro Estado para unilateralmente decidir e intervenir, como si se le reconociera autoridad y legitimidad para actuar en nombre de la justicia, la democracia y las libertades? La respuesta es no. Lo contrario es aceptar una manifiesta renuncia al derecho internacional; es entregar a la arbitrariedad los destinos de los países; es soslayar la existencia, aun menguada, de un orden internacional en el que los Estados son independientes y soberanos.
Aunque cause extrañeza, la lideresa ultraderechista francesa Marine Le Pen se pronunciaba: la soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada.
Pero, apegados a principios fundamentales del derecho internacional, ¿podemos incidir en la actitud complaciente que se asumía con Maduro? Son múltiples las premisas para absolver esta inquietud. Una oposición desarticulada, incapacitada para confrontar al gobierno autoritario, empezaba a mostrarse confrontacional contando con apoyo internacional. Países entendidos como aliados objetaban la dictadura: ahí están Chile, Brasil y Colombia.
A nivel de la OEA, era cuestión de tiempo. El bloque caribeño, otrora soporte político de Maduro, ya le daba la espalda. En el frente interno, las Fuerzas Armadas se mostraban descontentas o hastiadas, y la mejor respuesta ha sido su nula reacción frente a la invasión norteamericana.
Sí, la presión internacional y la reacción local empezaban a brindar frutos, aunque a paso lento. Si esa es la lectura, ¿qué aventuró a Trump en esta incursión sobre un Estado autónomo?
Dos son las respuestas. La primera es mostrar que estos territorios están bajo su control, un particular mensaje para China. Lo hizo desde los primeros días de gobierno, al amenazar a Panamá con recuperar el control del Canal ante la presencia de inversores asiáticos, para luego advertir sobre las fuertes inversiones geoestratégicas que China mantenía por estos lares, lo que constituye un tendencioso precedente que se erige en una latente amenaza para otros Estados, pero también en una puerta de ingreso para legitimar los fines expansionistas de chinos y rusos.
La segunda es la acusación de ser un Estado narcoterrorista, que habilitaría cierta legitimidad a su intervención. Sin embargo, la propia ONU ha expresado que Venezuela “desempeña un rol marginal en el narcotráfico internacional”. ¿No es irónico o descriptivo que Trump indulte a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico?
Y ahora nos vienen a decir que compañías norteamericanas se harán cargo de la industria petrolera y que la transición democrática será segura y “dirigida”. Entonces, el interés era económico y no democrático.
