martes, 27 de enero de 2026
  • UDI Unidad de Investigación 969 164 351
  • Central de Noticias 956 424 000
  • Publicidad Edición Impresa 974 466 951

Va cayendo una lágrima en tu mejilla

Temperamental (por no decir conflictiva) por naturaleza, se puso al frente de la Junta desacatando la orden de reponer a Patricia Benavides en el mismo cargo. Cuestionó vociferante lo decidido, amenazando incluso con denunciar penalmente a sus miembros. Literalmente “puso el clavo en su ataúd”, aunque desde inicios de diciembre último ya se encontraba inhabilitada por parte del Parlamento para ejercer la función pública por 10 años.

ARCHIVO

- Advertisement -

POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA

El viernes último, la Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinoza como fiscal suprema. El día anterior, el mismo organismo constitucionalmente autónomo resolvió no ratificar a Pablo Sánchez en el mismo cargo. Diez días atrás, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió por seis meses al fiscal provincial José Domingo Pérez. Y el último día de diciembre pasado, el Poder Judicial cesó a César San Martín como juez supremo al haber alcanzado la edad máxima permitida (70 años).

El común denominador de estos polémicos personajes fue enarbolar la siempre esperanzadora frase de la lucha frontal contra la corrupción, aupados, eso sí, todos ellos por la caviarada.

San Martín Castro, con una prolija carrera judicial de cerca de 40 años, así como de docente universitario, se fue entre vítores y abucheos. De lo segundo, conocido es que, a raíz del autogolpe de 1992, fue defenestrado del puesto de vocal titular de la Sala de Antiterrorismo. Reingresó y, en el 2004, asumió como vocal supremo de la Sala Penal Permanente.

Tres años después, le tocó la revancha o venganza, según se interprete. Con el expresidente Alberto Fujimori en prisión, le tocó dirigir la Sala Penal Especial que lo juzgaría, denotándose desde el minuto uno un evidente sesgo político que haría suponer la condena al exmandatario. Y así fue: sentenciado a 25 años como autor mediato, figura jurídica inexistente en el derecho penal peruano y que solo se aplicó al caso Fujimori.

Además, en el 2018 se filtró un email de una década atrás entre el abogado Gonzalo del Río y San Martín, relacionado con dicho proceso; es decir, para los seguidores del exjefe de Estado, la condena ya estaba escrita antes de iniciarse el juicio.

En adición, ese mismo año, con el sobredimensionado escándalo “Los cuellos blancos del puerto” en efervescencia, se conoció de un audio que contenía una llamada telefónica entre el entonces supremo y Walter Ríos, en aquel momento titular de la Corte del Callao, pidiéndole reiteradamente como favor personal que intercediese ante la a quo encargada del proceso que involucraba a su hermana. Por ello, benévolamente fue sancionado por 30 días por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Por su parte, Pablo Sánchez hacía tiempo que sorteaba la defenestración del Ministerio Público. En el último procedimiento de ratificación se hizo mención a la sanción de suspensión de 120 días por falta grave, al haber percibido dieta como integrante de la Academia Nacional de la Magistratura entre los años 2020 y 2021, además de sus remuneraciones como supremo y docente, ratificada por la JNJ en noviembre de 2024. Inexcusable.

En cuanto a Delia Espinoza, el espacio que me conceden en esta columna en definitiva sería muy corto para describir cada una de las barbaridades cometidas en su desempeño como fiscal de la Nación. Temperamental (por no decir conflictiva) por naturaleza, se puso al frente de la Junta desacatando la orden de reponer a Patricia Benavides en el mismo cargo. Cuestionó vociferante lo decidido, amenazando incluso con denunciar penalmente a sus miembros. Literalmente “puso el clavo en su ataúd”, aunque desde inicios de diciembre último ya se encontraba inhabilitada por parte del Parlamento para ejercer la función pública por 10 años.

Y en lo que respecta a José Domingo, su irreprochable accionar específicamente en el caso denominado “cócteles” hizo que el Tribunal Constitucional resolviese favorablemente a Keiko Fujimori, por vulneración del debido proceso (principio de legalidad penal), concluyendo anticipadamente el juicio contra ella, que, dicho sea de paso, estuvo injustamente encarcelada por más de cuatrocientos días. Si bien Pérez Gómez aún está en la planilla estatal, lo más probable es que la autoridad contralora recomiende a la Junta la destitución del hoy streamer.

Los tiempos cambian, nuevos vientos soplan en el convulso escenario político, con elecciones generales ad portas, y va aplicándose este añejo refrán: “Siéntate en la vereda de al frente y verás el cadáver de tu enemigo pasar”. Mientras, al otro lado, al incrédulo progre va cayéndosele una lágrima en su mejilla.

Pablo Sanchez exfiscal supremo a La Prensa Regional
Pablo Sánchez, exfiscal supremo.

LO ÚLTIMO