El pasado miércoles, el medio de investigación IDL-Reporteros reveló una de las últimas confesiones de Josef Maiman en torno a Alejandro Toledo. De acuerdo con el empresario israelí, la empresa brasileña Odebrecht le depositó 35 millones de dólares a sus diferentes cuentas con el fin de que la suma fuese entregada al expresidente peruano.

El testimonio sobre el soborno fue recogido por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, y por el procurador Jorge Ramírez Ramírez, en una diligencia dentro de la embajada de Perú en Tel Aviv, Israel. Y, según lo informado por el medio periodístico, si bien el prófugo exmandatario era el destinatario final del monto, Maiman Rapaport no habría llegado a entregar todo el dinero.

Fuentes de RPP Noticias confirmaron que la declaración de Maiman, quien se acogió oficialmente en marzo pasado a la figura de colaborador eficaz, es utilizada tanto para el caso Odebrecht como para el caso Ecoteva. Estas son las dos investigaciones por las que se ha solicitado la extradición de Toledo desde los Estados Unidos, país donde evade a la Justicia peruana desde enero de 2017.

¿Qué implicancias o consecuencias tendría la confirmación de Maiman sobre el dinero entregado por Odebrecht?

NO NECESARIAMENTE ACELERA LA EXTRADICIÓN

El pasado 17 de junio, el fiscal Rafael Vela informó que presentó acusación y pedido de extradición contra Toledo Manrique por Ecoteva, el caso que involucra al expresidente; a su esposa Eliane Karp; a la madre de esta, Eva Fernenbug; al ex representante de Fernenbug, David Eskenazi; al ex asesor de Toledo, Avraham Dan On; y al hijo de este último, Shai Dan On.

De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa Ecoteva -fundada por Fernenbug en Costa Rica pero con Toledo y Karp como beneficiarios finales- habría servido de fachada para lavar, canalizar y recibir dinero proveniente de actos de corrupción. Los pagos habrían sido efectuados por terceros -los allegados de la pareja- mediante transferencias de otras empresas off shore constituidas para ese fin. Por este caso, el fiscal pide 16 años y ocho meses de cárcel para Toledo por el delito de lavado de activos. Penas similares han sido formuladas para los demás implicados.

El caso Odebrecht, por el que también se investiga a Toledo y por el que existe conexión con Ecoteva, aún no tiene acusación fiscal.  Aquí se debe recordar que, en un primer momento, el empresario israelí había reconocido la suma de US$21,5 millones, de los cuales solo US$ 17,7 millones -dijo- provenían de Odebrecht. Pese a la relevancia de la información, la extradición para ambos casos no se vería necesariamente reforzada.

La ex procuradora supranacional, Delia Muñoz Muñoz, explica que, en primer lugar, lo que Maiman detalle respecto del dinero de Odebrecht permite debilitar la versión de Toledo sobre una supuesta persecución política. Precisamente, este argumento es el que suele estancar este tipo de procedimientos.

“Los procesos de extradición, según el tratado entre Perú y Estados Unidos, tienen una primera fase de evaluación a nivel político, por parte del Departamento de Estado, donde se evalúa si los hechos que se imputan a la persona, cuya extradición se solicita, responden o no a un ataque político o a una persecución política. Nosotros todavía no hemos superado esta fase”, señala Muñoz.

La exfuncionaria aclara que la fase de “evaluación a nivel político” no requiere necesariamente de un anexo de “evidencias absolutas” sobre el delito imputado. “Esta etapa del análisis de la procedencia de la extradición es una fase muy política, de mucha gestión, más que nada, de desmitificar las afirmaciones de persecución política que realiza el investigado. La fase probatoria, la fase de exhibición de documentos, de tipo de delitos que se invocan recién se genera cuando se supera la barrera del Departamento de Estado e ingresa ya al procedimiento judicial ante un juez federal. Esto [la declaración] va a facilitar el inicio de los procedimientos formales en el Perú, que se pueden dar inicio con prescindencia o no del proceso de extradición».

Para el ex procurador anticorrupción César Azabache Caracciolo, el caso Toledo es el que mejor se ha armado sin depender de interrogatorios a Odebrecht. Sin embargo, las investigaciones se enfrentan al obstáculo de no haber sido correlacionadas formalmente. “Las declaraciones de Josef Maiman marcan el primer caso en el que la Fiscalía peruana logra construir una investigación completa sin depender tanto de la información brasileña como se dependen los demás casos. Tener un caso completo, con evidencias tan fuertes, debería facilitar el procedimiento de extradición, pero el verdadero obstáculo, desde mi punto de vista, para que el procedimiento de extradición sea verdaderamente exitoso está en las reglas sobre el procedimiento penal y en una decisión que debe tomar el Congreso para permitir que los casos contra Alejandro Toledo se unifiquen”.

DEBERÍA AGILIZAR ACUSACIÓN POR CASO ODEBRECHT

Consultado por este aspecto, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Adrianzén Olaya precisó que la declaración de Maiman debería repercutir en el tiempo para acusar. “Claro que sirve. Espero que -por fin- se acelere la acusación. Además, en el caso Ecoteva, deberá incluirse [esta última declaración de Maiman]a la carpeta fiscal de acusación para que tenga valor en el [eventual] juicio”. El abogado y exfuncionario destacó también que por Ecoteva se tiene “más evidenciada la responsabilidad de Toledo”, pues la extradición por ese caso se solicitó después de presentada una acusación fiscal, mientras que el caso Odebrecht -por el que se tramitó la extradición en mayo de 2018- sigue en investigación.

La abogada especialista en Derecho Penal Económico, Liliana Calderón Jacinto, indicó que, en cuanto al caso Ecoteva, por tener ya una acusación, se configurarán varias fases. Sin embargo, el proceso penal no podría avanzar mientras Toledo continúe fuera del país. “Un juez de garantías deberá convocar a las partes a una audiencia para que se debata la admisibilidad de la acusación. Si esa acusación pasa ese filtro, que es la etapa intermedia, lo que sigue es el juicio oral, pero el juicio oral no se puede llevar a cabo con un acusado ausente. Tiene que venir para poder afrontar el juicio, que sería la última de las etapas del proceso”.

TOLEDO AUSENTE

Si bien las acusaciones contra el expresidente -considerando que son conjuntas con otros implicados- pueden seguir presentándose e incluso permiten la apertura de un juicio, la ausencia de Toledo impide llegar a un fallo para el exmandatario. Lo único que podría hacerse es procesar y resolver sobre otras personas que sí estén presentes y que también hayan sido acusadas en los casos.

“Hay procesos en los cuales las acusaciones se han presentado cuando el individuo no está presente en el país. Lo que sí tiene que darse es, en algún momento, la concurrencia de la persona al proceso para hacer valer el ejercicio de su derecho a la defensa. No se puede condenar en ausencia. Se queda estancado el proceso respecto de esa persona, pero puede avanzar respecto a los otros involucrados”, refiere Delia Muñoz.

Por su parte, César Azabache también sostiene que el juicio para Toledo, si es que no se concreta la extradición, quedaría en el limbo. “La acusación, en efecto, se puede presentar sin que Toledo esté en el país y sin que el procedimiento de extradición concluya. Lo que no va a poder ocurrir es que el juicio se desarrolle sin su previa entrega por los Estados Unidos al Perú. La acusación se puede presentar en cuanto la Fiscalía esté lista. Lo que va a tener que suspenderse es el juicio”.

RECLAMADO POR LA JUSTICIA PERUANA

Sobre Alejandro Toledo Manrique, presidente del Perú entre 2001 y 2006, pesan dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses cada una. Ambas medidas fueron dictadas por el Poder Judicial el 2017: la primera, del 9 de febrero de ese año, por la presunta recepción de un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht por los tramos II y III del proyecto de la Carretera Interoceánica, y la segunda, del 17 de abril, por supuesto lavado de dinero de origen ilícito mediante la empresa ficticia Ecoteva.

Para el 25 de mayo de 2018, la Cancillería peruana tramitó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos el expediente sobre el caso Toledo a fin de solicitar la extradición por el caso Odebrecht. Más de un año después, el pedido continúa en evaluación. A inicios de febrero de este año, el Gobierno de Martín Vizcarra oficializó la contratación del estudio de abogados estadounidense Foley Hoag para que patrocine al Estado peruano. Y, en junio, el Equipo Especial Lava Jato presentó acusación y otro pedido de extradición por el caso Ecoteva. (Fuente RPP Noticias)