POR: RONY FLOR COAYLA
Esta semana, cuando directivos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le entregaban la resolución de licenciamiento a la Universidad José Carlos Mariátegui, le dijeron al rector Delfín Bermejo que cumplió la misión de salvar esa casa superior de estudios y que, por ese logro, pasará a la historia.
Efectivamente, lo que hizo la autoridad educativa es un hecho histórico. Bermejo, hijo de trabajador minero, estudió en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, incursionó en política y hasta fue centro delantero del Deportivo La Libertad en la liga de fútbol de Moquegua. Como docente universitario, le tocó asumir un gran reto y lo superó. Junto al cuadro directivo de la universidad y un puñado de trabajadores, hizo lo increíble y hoy los embarga la satisfacción del deber cumplido. Al César lo que es del César y felicitaciones a Bermejo, quien será de grata recordación.
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La última contra Tía María
Desde el valle de Tambo, el último dirigente antiminería, Miguel Meza, informó que el lunes 26 de enero se llevará a cabo la última audiencia determinante en la Sala Constitucional que evaluará la acción de amparo que busca declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María. La audiencia es virtual, pero él y quienes lo siguen quieren viajar y hacer presión frente a los jueces constitucionalistas que resolverán el caso.
Si se confirma que el estudio de impacto ambiental está caducado, el proyecto podría quedar ahí, ha señalado el solitario dirigente. En el valle se encuentran coordinando el viaje para este fin de semana. El objetivo es reforzar la oposición al proyecto minero de un sector de agricultores de Islay. En efecto, es un sector, y no todos, los que se oponen a la inversión de más de mil millones de dólares que ya se vienen empleando en la construcción de la nueva mina.
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Y se presentó el agravio constitucional
Tal y como se esperaba, justo a tiempo y a punto de vencer los plazos, se presentó el agravio constitucional contra el fallo judicial que perjudica a la región Moquegua, mochando parte de su territorio a favor de Puno. El documento que compartimos en las redes la tarde del miércoles indicaba que fue el procurador del Gobierno Regional quien lo presentó cuando los relojes transitaban por las 15:12:54 horas.
Para mayores luces, se indica: ante la Corte Superior de Justicia de Moquegua, el cargo de presentación electrónica en mesa de partes lleva el número 82-2026, haciendo referencia al expediente 162-2018-JM-CI-01; en cuanto a observaciones, indica que el usuario no registró el arancel judicial.
Había expectativa porque eso sucediera; caso contrario, le iba a llover el cuestionamiento a la autoridad regional, pero podríamos decir que la reacción fue a tiempo. Ahora solo queda esperar. No será pronto, tomará su tiempo, como cuando se opusieron a la creación del distrito de San Antonio, que hoy es una realidad.
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