Desde el jueves 13 de noviembre, los trabajadores del penal San Ramón de Samegua se sumaron a la huelga nacional indefinida convocada por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), medida que se acata simultáneamente en los 69 establecimientos penitenciarios del país.
A través de medios radiales locales, los servidores precisaron que la protesta busca llamar la atención del Gobierno ante la falta de respuesta a sus demandas laborales, pero aseguraron que el control interno y la seguridad del penal no se verán afectados para no comprometer la estabilidad del centro de reclusión.
Entre sus principales reclamos figuran el reajuste de la remuneración íntegra mensual, congelada desde hace 13 años; la creación de una nueva bonificación por trabajo de alto riesgo; y la actualización de la bonificación por seguridad y vigilancia, estancada por más de una década. También exigen el cumplimiento de sentencias judiciales y el pago oportuno de beneficios sociales, como la compensación por tiempo de servicios (CTS) y vacaciones truncas.
Pese a ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga, argumentando que el estado de emergencia vigente desde el 22 de octubre —y actualizado el 7 de noviembre— impide suspender labores esenciales vinculadas a la seguridad penitenciaria. Los trabajadores reafirmaron que continuarán la medida de forma pacífica y organizada.
