Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) cumplieron su cuarto día de huelga nacional indefinida exigiendo mejoras salariales. Los servidores realizaron nuevamente un plantón frente al penal de Samegua, advirtiendo que continuarán con su medida de fuerza hasta que se atiendan sus demandas.
Uno de los dirigentes indicó que la huelga comenzó el 17 de agosto y se acata en todos los penales del Perú a cargo del INPE. “Lo que está pidiendo el personal penitenciario es justo: el aumento de sueldos, que está congelado desde hace más de 10 años. Tenemos muchos regímenes laborales que afectan los beneficios”, expresó el trabajador.
El personal exige que el seguro sea compensado por la labor que cumplen, la cual es parte de la seguridad nacional en los penales. Agregaron que, en el interior del INPE, existen diferentes remuneraciones según el régimen administrativo, CAS, la Ley 29079, entre otras normas, lo que significa que no hay un sueldo equitativo para todos. Ante la medida de fuerza, no se está ofreciendo atención administrativa ni visitas, pero se garantiza la seguridad y alimentación de los internos.
ESTOS SON LOS PEDIDOS DEL SINDICATO DEL INPE
Reajuste de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) según la Ley N° 29709. Cumplimiento de la negociación colectiva: provisión de alimentos para el personal administrativo y de tratamiento, y cumplimiento de las compensaciones horarias para el personal de seguridad.
Revisión de los puntos denegados en la negociación colectiva y conciliación 2024-2025. Informe de la comisión evaluadora del desempeño sobre la banda remunerativa bajo la Ley N° 29709.
Presupuesto para el seguro complementario de trabajo de alto riesgo, para el personal recientemente incorporado en todos los regímenes laborales. Programación y ejecución del segundo proceso de incorporación a la nueva ley en 2024.
Asignación presupuestaria para el proceso de incorporación en 2025. Otorgamiento de licencia sindical para los dirigentes nacionales. Sanción y destitución de los funcionarios responsables de poner en riesgo la canasta familiar de los trabajadores penitenciarios.
