POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
La presidente en funciones, Dina Boluarte Zegarra, ha estrenado una faceta totalmente desconocida (mejor dicho, proscrita) en el gobierno de su predecesor y examigo Pedro Castillo: La de entrevistada. Sí, extrañábamos eso, toda vez que la libertad de expresión debe ir siempre aparejada de la libertad de información, ambos derechos constitucionalmente protegidos. Lo curioso es que, al conceder interviú, atiende todas las interrogantes. Y literalmente “no se guarda nada”.
Así, por ejemplo, ha declarado no ser la responsable de la actual crisis política, y sí la entonces Premier Betssy Chávez; que se considera de izquierda, pero no radical; que la trasnochada propuesta de la Asamblea Constituyente no es un tema cerrado; que el entonces mandatario no la escuchaba desde agosto pasado; etc. Insisto, sus palabras no dejan nada a la imaginación. Dice de todo, que sea cierto o no, es otro asunto.
Pero centrémonos en su -negada- responsabilidad en la embrollada coyuntura vivida. La hoy Jefe de Estado acompañó la fórmula presidencial del profesor Castillo como -única- Vicepresidente. Estando en campaña fue imputada por la Fiscalía de haber manejado una cuenta bancaria donde se efectuaban depósitos de la organización criminal los “Dinámicos del Centro”, liderada por el exgobernador Regional de Junín y sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón. Además, formó parte del partido oficialista Perú Libre, de la cual fue expulsada en enero último. Y, compartió gabinete con extremistas como Héctor Béjar (Relaciones Exteriores) e Iber Maraví (Trabajo), quien legalizó el FENATE, sindicato ligado al grupo terrorista Sendero Luminoso, MOVADEF.
En esa misma línea, respecto de la pretendida responsabilidad política por parte de la señora Chávez Chino, recordemos que ella fue ministro de Trabajo (6 de octubre de 2021 al 26 de mayo de 2022, siendo censurada por el Parlamento). Luego, Titular de Cultura (5 de agosto al 25 de noviembre de este año), y Premier (26 de noviembre al 7 de diciembre); es decir, estuvo en el gobierno un promedio de 381 días; mientras que la señora Boluarte Zegarra se posicionó del cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión social desde el 29 de julio de 2021 hasta el pasado 25 de noviembre; es decir, 480 días de manera ininterrumpida. ¿A quién le asiste mayor cuota de responsabilidad?
A mayor abundamiento, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó que la presidente le encargó fumigar los ministerios de la corrupción. Así, el 23 de los corrientes fue publicado en El Peruano, el DS N° 148-2022-PCM, declarando en reorganización el Despacho Presidencial, en cuyo considerando se indica: “…como es de público conocimiento, diversos ex funcionarios del Despacho Presidencial se encuentran en proceso de investigación por la presunta comisión de actos de corrupción, se ha puesto en evidencia una serie de debilidades a nivel organizacional y en la ejecución de los procesos de lucha contra la corrupción en la citada entidad”.
Lo curioso es que el vigente Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial (DS N° 017-2016-PCM) contempla como parte de la Alta Dirección a la Vicepresidencia de la República; es decir, el mismo cargo que ocupó Dina Boluarte durante 17 meses. Entonces, surgen las interrogantes: ¿De qué debilidades hablamos?; ¿Qué pasó durante esos largos meses, acaso no vio nada?; ¿Qué es lo que se pretende encontrar, o caso contrario, esconder?
Doña Dina utiliza como argumento para permanecer en el poder que es la primera mujer presidente del Perú, y que todos son culpables de la desdicha que atraviesa el país, proponiéndose como la única solución. Lo cierto es que la señora Boluarte no es parte del problema, es el problema mismo. Renuncie, por favor.
