POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Un no lejano 12 de octubre del 2022, Pedro Castillo -en ese entonces presidente- planteaba formalmente al secretario general de la OEA la convocatoria a una sesión extraordinaria, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la “grave alteración del orden democrático en el Perú”; ironías más, el mismo peticionante rompería con el orden constitucional dos meses más adelante.
La Carta Democrática se invocó por primera vez en el 2002, cuando fue destituido brevemente el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, que más adelante se colocaría al margen de los principios básicos que propone dicho documento, convirtiéndose en un estado paria frente a la comunidad internacional. Sólo en el caso de Honduras, cuando el 28 de junio del 2009, su presidente Manuel Zelaya, fue defenestrado como consecuencia de un golpe de Estado al intentar instalar una Asamblea Constituyente, la OEA en aplicación de dicha Carta determinó su suspensión, aunque se incorporaría dos años más adelante; Xiomara Castro Sarmiento, la esposa de Manuel Zelaya, es hoy su presidenta.
Al retornar por la ruta democrática, luego de diez años del régimen autoritario y corrupto de Fujimori, y bajo el impulso de dos indiscutibles demócratas, Javier Pérez de Cuellar, como primer Ministro, y Diego García-Sayán, como Ministro de Relaciones Exteriores, impulsaron la iniciativa ante la Asamblea Extraordinaria de la OEA, que se desarrollaba en Lima, aprobándose el 11 de septiembre del 2001, la Carta Democrática Interamericana; fecha también recordada por el atentado terrorista contra las torres gemelas en Nueva York.
Saliendo de décadas de gobiernos de facto, violación de derechos y libertades, corrupción y destrucción de instituciones, resultaba fundamental este documento, que se generó bajo disposición y consenso de los Estados, asumiendo una renovada institucionalidad para una renaciente democracia, que no sólo facilite una correcta gobernabilidad, sino que coloque en prioridad a la persona, al ciudadano.
En razón de ello, la Carta Democrática hace hincapié en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en particular protegiendo a los gobiernos democráticos contra las amenazas o rupturas del orden constitucional. El ex canciller Luis Marchand asumía a la “La Carta Democrática como un código ético, bajo el cual las naciones deben respetar los derechos humanos, el Estado de derecho y todas las libertades”. En tal sentido y de manera expresa se asume como elementos esenciales democráticos: el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; las elecciones periódicas, libres y justas; la transparencia, probidad y respeto por los derechos sociales; el ejercicio del poder sobre la base del estado de derecho; el sistema plural de los partidos y organizaciones políticas; la separación e independencia de los poderes públicos.
Dicha Carta, no podía incidir una vez más en gestos o posiciones declarativas, era necesario dotarla de instrumentos que le den auténtica eficacia, recogiendo en sus disposiciones diversas medidas preventivas y sancionatorias, conducentes a respetar los valores democráticos. Por ello, se establece que “con el consentimiento previo del gobierno afectado, puede disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación…en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”; pudiendo apelarse a los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática; siendo la medida más gravosa, “la decisión de suspender a un Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”.
Sin embargo, y precisamente esta última medida, se torna ineficaz y limitada no por el recurrente principio de no intervención o soberanía de los Estados, más bien es la incapacidad para lograr el umbral elevado como es las dos terceras partes de los votos de los Estados miembros, que imposibilitaron su aplicación. Actitud que ha sido leída como parsimonia o indiferencia, lo cierto es que priman los intereses o sesgos políticos de los distintos Estados, que neutralizan esta vía de reconducción democrática, “suspendiendo” la vigencia de un instrumento tan valioso como la Carta, que por sí misma, es de un valor moral irreprochable en nuestra sostenibilidad institucional y democrática. Recordemos que nuestro país, una vez más, impulsó el Grupo de Lima, en agosto del 2017, con la participación de catorce Estados y cuyo objetivo era interactuar, buscar y proponer una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana, ante la inercia de la OEA, y los impactos regionales que estaba generando este contencioso. Al final de cuentas, fue un esfuerzo en vano, poco a poco decayó en inoperante, lo que en absoluto quita mérito a dicho impulso democrático.
Una iniciativa ciudadana, se presentó recientemente a la OEA, para activar la Carta Democrática, apelando a los principios y valores que debe inspirar el comportamiento interno de los Estados, para el caso peruano. Y se propone en un contexto muy sui generis, el Ministerio Publico, acaba de aperturar investigación preliminar contra la Presidenta de la República Dina Boluarte y el Ministro del Interior Walter Ortiz, por los delitos contra la administración de justicia-encubrimiento personal- y obstrucción a la justicia; por los hechos relacionados a la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo a los Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP) y las investigaciones al entorno presidencial, en los que está involucrado su hermano Nicanor Boluarte. Días antes el presidente del Poder Judicial, el órgano jurisdiccional que debe investigar al poder político, recibía de propias manos de la mandataria, la orden del Trabajo en el grado de “Gran Cruz”, lo que puede leerse como congraciarse.
Retomando la crisis democrática en nuestro país, que pudiera validar la aplicación de la Carta Democrática, es necesario insistir en el intervencionismo parlamentario, para coactar a los demás órganos estatales, en el turno actual le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, que con la genuflexión de un vergonzoso Tribunal Constitucional, ratificaron la destitución de dos de sus miembros, en paralelo se va avanzando en la reforma constitucional para su reinstitucionalización a través de un órgano de remplazo como la Escuela Nacional de la Magistratura. Y si de temas actuales se trata, porque tenemos una amplia cartera de la oferta de desatinos y contravenciones congresales contra nuestro sistema democrático, tenemos por estos días la reciente aprobación de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, estableciéndose la impunidad de los partidos políticos con investigaciones penales o el paquete de modificaciones a las leyes electorales, que incluyen la habilitación de los propios congresistas a postular en las elecciones regionales y municipales; elevando las causales de cancelación para los movimientos regionales y todo lo contrario con los partidos políticos, a quienes les reducen las causales de cancelación.
Comparto las expresiones del sociólogo Alberto Adrianzén: “…siento un fastidio cuando se recurre constantemente a estas propuestas ya que demuestran que no somos capaces de resolver nuestros problemas. Cada vez somos más dependientes de los organismos internacionales, en un momento en el cual estos mismos organismos están en crisis y más bien son los EEUU los que los dominan, por lo menos en la región”.
