POR: JULIO FAILOC RIVAS
La prolongación de la crisis política del gobierno iniciada con la entrega de la licencia de construcción al proyecto Tía María viene afectando fuertemente al sector minero en el sur del Perú. El gobierno no calculó las consecuencias que podría tener sobre importantes proyectos mineros en el sur, tales como Quellaveco en Moquegua, Santo Domingo en Puno, y Zafranal en Arequipa.
Otro elemento de la crisis política que viene afectando, de manera indirecta, al sector minero, es la presentación de la reforma de la constitución para el adelanto de las elecciones, la misma que ha generado expectativas en la clase política que ve en el proyecto Tía María -y en otros proyectos mineros- una oportunidad para capturar la atención en el electorado.
El sur del Perú se caracteriza por tener una fuerte tendencia de izquierda, con autoridades políticas y una presencia importante de sectores y operadores contrarios a la minería, que han hecho de ésta actividad una plataforma de lucha y una de campaña de cara a las elecciones. Desde la región, pasando por autoridades locales hasta congresistas de la república son en su mayoría militantes del Frente Amplio o Nuevo Perú u otro sector de izquierda, de la misma forma sucede con los dirigentes y líderes sociales de las organizaciones sociales que intentan dirigir la protesta en contra del proyecto Tía María. No obstante, hay que precisar que esta izquierda tiene matices y diferencias, que muchas veces no les permite actuar de manera conjunta, más aún si el calendario electoral se adelanta.
Finalmente, la suspensión por un máximo de 120 días de la licencia de construcción a Tía María, si bien es una estrategia del gobierno y del Consejo de Minería (posiblemente consensuada con la empresa Southern Perú), para intentar darle una salida dialogada a la crisis, puede estar siendo vista por los sectores contarios a la actividad minera como un retroceso del gobierno, lo que podría tener un efecto contrario a lo que el gobierno espera, convirtiéndose en un argumento de los sectores radicales para seguir presionando hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto Tía María.
Todo hace prever que las movilizaciones continuaran. Tía María se convierte en un eje de acumulación política y electoral, atractivo, tanto para la proyección nacional del gobernador regional de Arequipa, como para los sectores radicales de izquierda que buscaran convertir a la minería en una plataforma de lucha con miras a las elecciones del año 2020. La prolongación del conflicto socio ambiental con el proyecto Tía María continuará afectando al resto de proyectos y unidades mineras en el sur del Perú tal como lo viene haciendo con Quellaveco, Zafranal y Santo Domingo, y a las Unidades Mineras Cerro Verde, Las Bambas, San Rafael y la Unidad Minera de Orcopampa, de Buenaventura, recientemente tomada por la Comunidad de Chilcaymarca.
No me queda la menor duda que Tía María será la piñata de la fiesta electoral adelantada, salvo que la torpeza, a la que nos tienen acostumbrados la alianza fujiaprista, le dé un motivo al presidente Vizcarra para que disuelva el congreso, ¿o no?
