Un taxista de Mollendo, identificado como Sagred B. G. (54) ha sido enviado a prisión preventiva por seis meses tras ser acusado de cometer el presunto delito de tocamientos indebidos a una menor de 15 años en la ciudad de Mollendo. La medida fue dictada por la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Islay, que investiga el caso ocurrido el pasado 19 de octubre.

LOS HECHOS

Según la Fiscalía, en la denuncia presentada por la víctima, el incidente se produjo cuando la adolescente abordó el taxi de placa V3Q-201 en las inmediaciones del P.J. Alto Inclán. Durante el trayecto, el taxista habría desviado el vehículo hacia un camino solitario, donde comenzó a hacerle preguntas incómodas sobre su vida personal y sexual. De acuerdo a la denuncia, en un punto del viaje, el acusado le entregó su celular a la menor para que buscara contenido pornográfico, pero ella se negó rotundamente.

Tras su negativa, el conductor habría intentado agredirla físicamente, aprovechándose de que estaban en un lugar apartado. Aterrorizada, la menor amenazó con saltar del vehículo en movimiento, lo que obligó al taxista a detenerse. La joven logró escapar y fue auxiliada por un vigilante de la zona, quien junto a otro taxista la ayudó a llegar a la Comisaría para interponer la denuncia. La madre de la menor fue contactada inmediatamente, informó la Fiscalía.

EL PROCESO JUDICIAL EN MARCHA

En audiencia, la fiscal adjunta Dayana Escobedo Barreda presentó los elementos de convicción que vincularían al taxista con el delito de tocamientos indebidos y actos de connotación sexual sin consentimiento. La menor identificó claramente al conductor como su agresor, basándose en los rasgos físicos y la vestimenta que llevaba ese día. La denuncia también se vio fortalecida por la identificación de la placa del vehículo, lo que permitió a la Policía detener al acusado en flagrancia luego de una rápida búsqueda en las calles de Mollendo.

La justicia dispuso prisión preventiva por seis meses para asegurar la presencia del acusado durante todo el proceso judicial. De ser hallado culpable podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 9 años.