La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, ha solicitado oficialmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que financie su defensa legal en un proceso penal donde se le acusa de presunta colusión agravada y negociación incompatible. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en la valorización de la obra de “Recuperación de la Plaza de la Bandera”, a favor del Consorcio Villa, durante su gestión entre 2011 y 2014.
A través de un documento fechado el 16 de julio, Villarán solicita el beneficio de “defensa legal institucional”, invocando el artículo 35, inciso i), de la Ley del Servicio Civil (Ley N.° 30057) y el artículo 154 del Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM. En el mismo oficio, propone como su abogada a Merly Fiorelly Edquen Olivera, asegurando que cuenta con experiencia en temas penales y defensa de servidores civiles.
El monto solicitado por honorarios asciende a S/ 31,000 (treinta y un mil soles), a ser cubierto por la Municipalidad, es decir, por el dinero público de todos los limeños.
IMPUTADA EN CASO DE CORRUPCIÓN Y AÚN INVESTIGADA POR LAVA JATO
El proceso penal donde Villarán solicita apoyo financiero corresponde al expediente N.º 01691-2020-3-1826-JR-PE-02, que se encuentra en etapa intermedia ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Los presuntos delitos se habrían cometido cuando Villarán era alcaldesa y también presidenta del Comité Directivo de INVERMET, órgano responsable de ejecutar proyectos de infraestructura en Lima.
Cabe recordar que Villarán también es investigada por el caso Lava Jato, por la presunta recepción de aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas, otro caso que aún no ha sido cerrado por el Ministerio Público.
EL DETALLE DEL PEDIDO
En su carta, la exfuncionaria no solo solicita el pago, sino que también adjunta la notificación judicial de requerimiento mixto promovido por la Fiscalía y la oposición de la Procuraduría Pública al pedido de sobreseimiento, que confirma que el caso continúa en etapa procesal.
Asimismo, aclara que cumplirá con el compromiso de reembolso, un mecanismo previsto en la normativa, aunque no existe ninguna garantía real de cumplimiento, dado que la devolución queda sujeta a una eventual resolución judicial definitiva.