POR: DR. ROBINSON ALMANZA CABE
Los resultados del estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre percepción institucional —correspondientes al segundo trimestre de 2025— muestran una caída significativa en la confianza ciudadana hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Agrupando las categorías “nada” y “poco”, la desconfianza supera el 60% en todas las regiones del sur, lo que refleja una crisis de credibilidad en la autoridad electoral.
TACNA: MAYOR DESCONFIANZA REGIONAL
Tacna presenta el escenario más crítico. El 45% de los encuestados afirma no confiar “nada” y el 34% “poco”, alcanzando un 79% de desconfianza total.
Aunque un 9% expresa una confianza “suficiente” y un 3% “bastante”, estos porcentajes son marginales frente al escepticismo mayoritario. Los resultados sugieren una percepción de baja imparcialidad y transparencia en la ONPE por parte de la ciudadanía tacneña.
AREQUIPA: CIUDADANÍA CRÍTICA PERO VIGILANTE
En Arequipa, los niveles de desconfianza también son altos (79% combinando “nada” y “poco”), aunque destaca un 12% de ciudadanos que declara confianza “suficiente”.
Este patrón refleja una ciudadanía crítica pero no totalmente desconectada del sistema electoral; es decir, aunque predomina la desconfianza, existe un sector que aún reconoce parcialmente la labor institucional.
MOQUEGUA: DÉFICIT ESTRUCTURAL DE CREDIBILIDAD
Moquegua muestra un panorama similar, con 78% de desconfianza total y una ligera mejora en la percepción positiva (13% de confianza “suficiente”).
La consistencia de estos resultados evidencia que la imagen de la ONPE en el sur del país enfrenta un déficit estructural de confianza, probablemente asociado a la falta de comunicación efectiva y a la percepción de lejanía institucional.
PUNO: DESINTERÉS Y DESCONOCIMIENTO
En Puno, la lectura es más ambivalente. Si bien el 50% de los ciudadanos (31% “nada” y 19% “poco”) manifiesta desconfianza, destaca el 42% que “no sabe”.
Esta cifra, muy superior a las de otras regiones, refleja alto nivel de desconocimiento o indiferencia institucional. Desde una perspectiva de gobernabilidad, ello puede interpretarse como una ciudadanía alejada del debate electoral y poco informada sobre el rol y funcionamiento de la ONPE, lo que profundiza el distanciamiento entre el Estado y la sociedad.