En el Perú tener una conexión clandestina de agua potable o alcantarillado (desagüe) en una vivienda, negocio o comercio es considerado, por el Código Penal (artículos 185 y 186), como un delito y tiene una pena de cárcel de entre uno a seis años.
El robo de agua implica conectarse a una red pública de distribución de agua sin la autorización de la empresa prestadora de servicios. Por ejemplo, en el caso de Sedapal, solo en 2024, se detectó más de 500 conexiones clandestinas y robos de medidores en Lima y Callao, que representa una pérdida económica de cerca de medio millón de soles para la empresa.
La pena de cárcel también es para quienes manipulen medidores con el fin de evitar pagar por el consumo real y es una modalidad de robo de agua potable extendida en diferentes partes del país.
HURTO SIMPLE Y AGRAVADO
Según el artículo 185 del Código Penal, quien se apodera de manera ilegítima de un bien mueble (agua potable) total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo de su lugar de origen, incurre en hurto simple y puede recibir una pena no menor de uno ni mayor de tres años.
En tanto se considera como hurto agravado, cuando este se comete en una vivienda habitada, durante la noche, con destreza o con la participación de dos o más personas, según el artículo 186 del Código Penal, y tendrá una pena no menor de tres ni mayor de seis años.
LA FUNCIÓN DE SUNASS
Según el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento de Sunass, la manipulación de las redes exteriores de agua potable y alcantarillado, así como la vulneración y uso de un servicio que fue clausurado por una EPS, o conectarse de manera clandestina a una red también son consideradas infracciones.
Estas pueden acarrear sanciones como el cierre del servicio de agua potable de manera temporal. En caso la vulneración sea reiterativa, podría acarrear en un cierre definitivo o multas. Las empresas de agua potable también están facultadas a realizar las denuncias respectivas por las vías legales pertinentes y a aplicar sanciones para recuperar los consumos y costos operativos en los que haya incurrido para anular una conexión ilegal.
