La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso continuará con la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público (MP) contra el expresidente Martín Vizcarra por la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado.

Vizcarra se presentó este martes ante el citado grupo de trabajo y comunicó que renunciaba a su derecho al antejuicio político en este caso, tras asegurar que no cometió ningún delito o falta al suscribir la resolución suprema que colocó a Soria en dicho cargo.

Indicó también que su decisión se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual se establece que los exaltos funcionarios del Estado pueden renunciar a esta prerrogativa.

Sobre la investigación del Ministerio Público, el exmandatario señaló que fue citado para responder por esta denuncia y que el fiscal a cargo del caso concluyó que debía ser archivado. Sin embargo, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió denunciarlo por una cuestión política.

“Yo, ante usted y ante el íntegro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, renuncio al derecho de antejuicio político sobre esta investigación”, expresó Vizcarra a su presidenta, la congresista María Acuña (Alianza Para el Progreso).

Por su parte, la parlamentaria manifestó, tras la intervención de Vizcarra y de Ana Revilla, exministra de Justicia también investigada por este caso, que la labor de la Subcomisión es concluir con el proceso, determinando ya sea el levantamiento del fuero o el archivo. Además, subrayó que este no termina con la renuncia al antejuicio del investigado.

Ante ello, el exmandatario optó por acogerse a su derecho a guardar silencio y no responder a las preguntas de los integrantes de la Subcomisión, señalando que “no tiene sentido” hacerlo, al haber ya renunciado a la protección que le otorga la Constitución.

En noviembre de 2023, Patricia Benavides formuló una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Ana Revilla como presuntos autores del delito de negociación incompatible y nombramiento ilegal en agravio del Estado. 

Según la denuncia, Daniel Soria no contaba con la trayectoria exigida por la ley para ejercer como procurador general del Estado.