La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó mayoritariamente el informe final relacionado con la denuncia constitucional, el cual sugiere la inhabilitación por un periodo de 10 años para los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a presuntas infracciones a la Constitución.

El informe, presentado por el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario), fue aprobado con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Los integrantes de la JNJ a los que se les solicita la inhabilitación son Antonio de la Haza Barrantes, Aldo Vásquez Ríos, José Ávila Herrera, Luz Inés Tello Valcárcel, Imelda Tumialán Pinto, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.

En su informe final, Medina Minaya destaca que los miembros de la JNJ habrían interpretado la Constitución de manera que permitió la permanencia de Luz Inés Tello Valcárcel en dicho organismo, a pesar de haber superado los 75 años. Esto, sin tener en cuenta el requisito estipulado de tener entre 45 y 75 años de edad para ser parte de dicha entidad.

Asimismo, señala que los magistrados habrían solicitado la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para interpretar el requisito de los 75 años, junto con el mandato de cinco años para el ejercicio del cargo, como está previsto en la Constitución. Cabe destacar que esta prerrogativa es exclusiva del Tribunal Constitucional (TC).

“La resolución de la JNJ tergiversa el principio constitucional que establece 75 años como requisito para ser miembro. Si se deja de cumplir uno de los requisitos, se pierde la calidad de miembro”, refirió.

JNJ RECHAZA ACUSACIÓN

La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado en el cual expresó su rechazo ante la aprobación de este informe por la SAC.

“El informe votado hoy, propuesto por el congresista Esdras Medina, está viciado, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre de 2023 votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la JNJ, por la misma causa en la que ha intervenido como delegado, entre otras”, refiere.

Además, se detalla que el pasado 4 de diciembre, el congresista Medina presentó una moción en la que reiteró su solicitud de destituir a los miembros de la JNJ, esto debido a la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de la fiscal suprema Patricia Benavides.

“De esta forma se viola de modo flagrante el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece un principio universal, según el cual quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”, añade.

Adicionalmente, destaca que el informe aprobado vulnera el derecho de los miembros de la JNJ a recibir una debida motivación, ya que no aborda ninguno de los casi 20 argumentos fácticos y jurídicos presentados por este organismo en su defensa.

“La JNJ reitera que, de haber vacado a la señora Inés Tello de Ñecco y convocado a un miembro suplente, como pretende el informe en cuestión, el colegiado de la JNJ habría vulnerado el artículo 155 de la Constitución que establece un mandato de cinco años para los miembros de esta entidad, al recortarlo arbitrariamente sin tener atribución para ello”, agrega.

Asimismo, argumenta que los miembros de la junta habrían “incurrido en delito de abuso de autoridad, al vacar a una de sus integrantes sin que, entre las 37 causales de cese y vacancia, establecidas en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, haya alguna relacionada con la edad”.

“La JNJ seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional y confía en que en las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia”, explica.