POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Corría el mes de agosto de 2022, y Pedro Castillo participaba en una actividad oficial en la región San Martín, cuando en pleno recorrido a pie se le desataron los pasadores, por lo que dos policías se agacharon para amarrárselos. De inmediato, la Defensoría del Pueblo criticó el temerario comportamiento, enfatizando que las funciones de Seguridad del Estado “no implican hacerse cargo de acciones estrictamente personales, como el atado de calzado”.
Casi en simultáneo, la prensa dio cuenta de que Castillo Terrones utilizó por lo menos en diez ocasiones helicópteros militares para trasladar a su familia desde la capital hacia las casas de sus padres en Chota, Cajamarca. Por este motivo, en mayo de este año, la Fiscalía de la Nación lo denunció constitucionalmente por peculado de uso. Irónico viniendo del maestro, agricultor y rondero, que en 2021 ilustraba la campaña electoral con su lacrimógena frase: “no más pobres en un país rico”.
Pero Pedro no andaba solo. Lucinda Vásquez, educadora de profesión, laboró casi tres décadas en el Colegio Juan Jiménez Pimentel, donde también inició su actividad sindical. Estuvo afiliada al Partido Nacionalista Peruano hasta el 2019, cuando dos años después postuló por Perú Libre, representando a la misma región donde el hoy inquilino en Barbadillo pretendió mancillar a los custodios del orden, obteniendo su curul. Desde esa fecha, forma parte del Bloque Magisterial – Juntos por el Perú, bancada integrada por docentes y exdirigentes sindicales.
El último domingo de octubre, el programa “Cuarto Poder” acusó a Vásquez Vela de aprovecharse del puesto para abusar del personal, obligándolos a que le corten las uñas y le preparen el desayuno, todo en horario de trabajo. Las imágenes mostradas datan de un año antes. Raudamente, la sorpresa dio paso a la indignación. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lo calificó de repudiable y de humillación para los servidores involucrados, confiando en que la Comisión de Ética decidirá. Por su parte, Alfredo Azurín, de Somos Perú, pidió disculpas por la pésima actuación de su colega.
Por su parte, la imputada no se calló, y al día siguiente, mediante comunicado, aseveró que “esta situación demuestra un ataque sin precedente que busca generar zozobra en mi entorno y pánico a la ciudadanía”. Más aún, “espontáneamente”, el pedicurista asesor aclaró que lo hizo por “un tema de humanidad”. Claro, y yo soy caviar; que, por cierto, parlamentarias como Flor Pablo, Susel Paredes y Sigrid Bazán —volanteadas por la progresía a suceder a José Jerí como mandatario el mismo día de la vacancia de Dina Boluarte— mantienen un vergonzoso silencio sobre este bochornoso tema.
Hay más de Lucinda. Iniciado el presente año, el Ministerio Público la denunció constitucionalmente por tráfico de influencias en agravio del Estado, al haber gestionado el acceso irregular a la prueba nacional de nombramiento docente de 2021, con la ayuda de la hija del entonces titular de Educación, Carlos Gallardo. Luego de cuatro meses, el citado dominical afirmó que la legisladora contrató a tres familiares como personal de confianza, así como de recortar el sueldo a sus colaboradores para beneficio propio, por lo que, al mes siguiente, la Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe de calificación de la mencionada denuncia periodística.
En conclusión, Castillo y Vásquez tienen similitudes y diferencias. La primera, la izquierda entendida como plataforma para arribar al poder y apropiarse de los recursos públicos a expensas de todos los peruanos; mientras que, en la segunda, Pedro está encarcelado y Lucinda no, de momento.
