POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
La doctrina refiere que en el derecho penal la cárcel es la última ratio, partiendo de la premisa que el ser humano es por naturaleza libre, aunado al principio de presunción de inocencia. Pero, como toda regla, hay excepciones, las cuales se encuentran incluidas en nuestra normatividad, a la sazón, la detención preliminar y prisión preventiva. Es sabido la creciente politización de la justicia, o judicialización de la política, ambos conceptos definidos técnicamente como lawfare.
Al asumir el mandato el 23 de marzo de 2018, luego de la forzada renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el hasta entonces embajador en Canadá, Martín Vizcarra se dedicó en cuerpo y alma a acumular poder, entendiendo para ello que debía sacar del camino a sus adversarios políticos, que en realidad los veía como enemigos. Dos fueron objeto de sus ataques mediáticos: Keiko Fujimori y Alan García. La primera, candidata natural para la Presidencia de la República, fue encarcelada injustamente hasta en tres oportunidades, vulnerándose flagrantemente el debido proceso, al punto que hoy por hoy el juicio volvió a fojas cero. Paralelamente, fiscales y magistrados a la medida, aupados por una prensa áulica que diariamente dilapidaba sin cesar y pesar la imagen de Fujimori Higuchi. Si no bastase, corrieron igual suerte parte de su entorno (v.g. Pier Figari). Como era de esperar, la “gente” aplaudía al borde del delirio. Pan y circo, literalmente. Con el exjefe de Estado García Pérez quisieron hacer lo mismo, pero él lo impidió, con la fatal consecuencia que todos conocemos.
Dicen que el tiempo cura todo, sé que es mentira, reza la letra de una entonable canción, y sí aplica en esta columna, pues el daño a la lideresa de Fuerza Popular, y principalmente a su familia, es incurable.
Mientras, Vizcarra Cornejo siguió con sus fechorías. El 30 de setiembre de 2019, disolvió inconstitucionalmente el Parlamento, aunque el 10 de noviembre del año siguiente fue vacado con una contundente votación de 105 a favor.
Un mes antes de su defenestración, la fiscalía imputó al mitómano exgobernante haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos para la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Dos años después, la misma entidad lo acusó por cohecho pasivo propio, pidiendo 15 años de prisión.
Para esto, Martín Vizcarra tiene impedimento de salida del país hasta este 4 de julio; razón por la cual el Ministerio Público requirió prisión preventiva de 6 meses. El juzgado programó audiencia para el jueves 25 de los corrientes, postergada para el día siguiente, llevándose a cabo y culminándose el viernes último, declarándose infundado el pedido y ampliándose de oficio por medio año la restricción de no ausentarse del territorio patrio.
El resultado era previsible, cuanto menos por dos razones. Uno, los argumentos del titular de la acción penal eran vacuos, al pretender justificar dicha solicitud porque lo vieron caminando sin resguardo policial en un terminal terrestre, siendo eso un indicador que pretendía fugarse al extranjero. Un despropósito, toda vez que la seguridad que le brinda el Estado es por haber ocupado el sillón de Pizarro, y éste puede utilizar, o no, este beneficio. Y dos, es la maniobra distractora de la grave crisis que enfrenta Delia Espinoza, la fiscal suprema que sigue fungiendo como fiscal de la Nación.
También es cierto que el propio Vizcarra no colabora en su defensa, pues en tanto que el a quo daba lectura a la extensa resolución, éste se comunicaba “en vivo” con sus seguidores a través de las redes sociales.
Lo que sí es —o debe ser— motivo de honda preocupación para el exmandatario es la sentencia que en cualquier momento llegará. El juicio está en la recta final, y cuenta con abundantes pruebas acumuladas.
De momento, Víctor Alcocer le dijo no a la fiscalía, lo que no significa que mañana podría ser un sí.
