Tras la presentar la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció al respecto e indicó que han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas.

“No hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable, por eso hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todos los peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en el Estado para obtener ganancias ilícitas”, informó en un mensaje televisado.

“Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada por los exministros Silva, Alvarado y el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez. Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios de constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, precisó Benavides.

Añadió que esta organización criminal se habría “beneficiado económicamente con el nombramiento de puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y en el uso ilícito de las facultades presidenciales”.

La titular de la Fiscalía advirtió de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”, que aprovechándose de estar en el Gobierno amenaza la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia.

“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, expresó.

Finalmente, la fiscal de la Nación remarcó que, “desde este momento, es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

“La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humano, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime. Solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad”, sentenció.