Los exfuncionarios, Richard Manuel Eloy Contreras Valdivia y Roxana Juliet Ponce Martínez de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal de la provincia de Ilo, fueron sentenciados a 4 años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida y al pago de una reparación civil de 25 mil soles a favor del Estado.
El Ministerio Público dio cuenta que los ex servidores públicos fueron procesados por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación. Ambos giraron y cobraron un cheque por más de 18 mil soles, del cual nunca rindieron cuenta.
LOS HECHOS
En un mismo día se emitió la resolución de autorización, se elaboró, giró y cobró un cheque por 18, 819.17 soles con cargo a la cuenta corriente en el Banco de la Nación de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, de esta manera el gerente municipal y la tesorera en ese entonces, junio del 2010, dispusieron y cobraron dicho monto el cual nunca fue sustentado ni devuelvo a las arcas del Estado.
Esta irregularidad fue detectada y puesta en conocimiento años después por parte del jefe de contabilidad de dicha municipalidad, donde vía informe se señala que no hay rendición alguna de dicho monto, por lo que se presentó la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía, siendo asumido el caso por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
Por estos hechos Richard Manuel Eloy Contreras Valdivia en su calidad de gerente y Roxana Juliet Ponce Martínez como tesorera, tras la investigación fiscal fueron llevados a juicio por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación, siendo sentenciados a cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida.
Según la resolución emitida, de la actividad probatoria desarrollada en juicio oral por parte del fiscal adjunto provincial, Ronald Márquez Saira, se ha acreditado además que no se efectuó pago por servicio alguno como señalaron en su defensa, por lo que también están inhabilitados para ejercer función pública, deberán cumplir reglas de conducta y pagar una reparación civil a favor de la municipalidad de 25 mil soles.