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Sentencian a ex funcionarios del gobierno regional de Moquegua

El pasado 22 de setiembre del presente año, fue sentenciada Úrsula María Asunta Naranjo Rivera como autora del delito responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos; y a Cesar Antonio Quispe Flores como cómplice primario, en agravio del Estado.

Los sentenciados cometieron dicho delito cuando cumplían labores como directora de la Dirección Regional de la Producción de Moquegua, en el caso de Naranjo Rivera y Quispe Flores como encargado de la oficina de planeamiento y presupuesto de dicha dirección, en el 2014.

A pesar de tener conocimiento que los proyectos de inversión pública: “Instalación de servicio de apoyo de la cadena productiva de recursos choro en la Provincia de Ilo” e “Instalación del servicio de apoyo de la cadena productiva acuícola del camarón de río en la Región Moquegua”, no cumplían con los requisitos, se emitieron resoluciones.

Estas resoluciones directorales se dieron con la colaboración de Quispe Flores, al pronunciarse favorablemente respecto de la certificación ambiental de los proyectos indicados, mediante la elaboración y suscripción del Informe, esto a pesar que no cumplían con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

En la audiencia, participó el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial en Prevención del Delito de Ilo, Alfredo Edgardo Rojas Bedregal, quien detalló que los exfuncionarios dieron su autorización pese a no estar dentro de su competencia, mucho menos contar con el estudio de impacto ambiental.

Agregó que no se tomó en cuenta que la ejecución podría causar perjuicio, alteración y grave daño al ambiente, afectando al ecosistema entre otros, según argumento ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa, juicio realizado en dicha jurisdicción pues ahí se encuentra ubicado el juzgado en materia ambiental.

Finalmente, de esta manera, los acusados fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, inhabilitación de tres años en cargos públicos, una reparación civil de veinte mil soles a favor del Estado, además de cumplir diversas reglas de conducta.

Dr. Alfredo Rojas Bedregal.
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