En un fallo emitido el pasado 1 de octubre, el Poder Judicial sentenció a cuatro exservidores de la Sub Región Ilo a 4 años y 8 meses de pena efectiva por el delito de negociación incompatible. Los condenados son Ysrael Eduardo Urday Arias, gerente general; José Alberto Cahuana Arias, jefe de la oficina de administración; Diego Alonso Medina Zegarra, cotizador y asistente administrativo; y Karlo Fabricio Yupanqui Cabel, quien trabajaba como personal contratado.

Los hechos se remontan al año 2018, cuando los sentenciados, amparados en sus cargos, participaron en un proceso de contratación irregular. Incumplieron las normativas vigentes al autorizar la prestación de un servicio sin cumplir con las directrices, limitando además la participación de otros postores en el proceso.

Ante el término del contrato de la encargada de mesa de partes de la Subregión Ilo, servidores de dicha dependencia contrataron al hijo para reemplazar en las labores de quien culminaba su vínculo laboral, interesándose indebidamente en la prestación del servicio, por lo que fueron sentenciados por el delito de negociación incompatible.

Durante el juicio oral, la fiscal provincial del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, Kely Karina Quispe Ceras, presentó pruebas contundentes que demostraron la ilegalidad de la contratación. Se evidenció que el servicio fue iniciado antes de contar con la correspondiente orden, y que el postor contratado no cumplía con los requisitos establecidos por ley. En particular, se acreditó que el proveedor se dedicaba a la venta al por menor y no a la prestación de servicios, además de no estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

A pesar de estas irregularidades, los exfuncionarios dieron conformidad a la contratación y validaron el pago de manera ilegal.

La sentencia también incluye la inhabilitación de los acusados para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, además del pago de días multa y reparación civil. Asimismo, se les impuso una caución y reglas de conducta que deberán cumplir, ya que, de no hacerlo, se procederá con la ejecución inmediata de la pena una vez que la sala confirme la sentencia.