Como “lamentable” calificó Daniel Fernández Pazos, presidente de la junta vecinal Villa del Mar, la sentencia emitida contra el alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia, por el delito de usurpación de funciones.
“Es conocida la forma de proceder de esta autoridad, que no está bien y que linda con todo lo formal y con lo que debería ser democrático; incluso lo tildan de soberbio y de no querer escuchar a la población”, expresó el dirigente vecinal.
Fernández Pazos manifestó su preocupación por la aparición de nuevos cuestionamientos legales contra la actual gestión municipal. En ese sentido, mencionó la denuncia presentada por el abogado Larry Ormeño relacionada con la contratación de la gerente general y, en este caso, del procurador municipal.
IMPACTO EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD
“Esto da mucho que pensar por el proceder que tiene; hasta su misma gente se aparta de él porque no tienen la costumbre de trabajar de esa forma. Esta sentencia provoca retrasos y que Ilo sea mal visto, porque está manejado de una manera no formal, no honesta ni transparente”, aseveró.
ALCALDE PUEDE APELAR SENTENCIA
Por su parte, el abogado Jesús Adriazola se mostró “sorprendido” tras conocerse la sentencia por el delito de usurpación de funciones contra el alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Garay.
“Hemos tomado conocimiento de que nuestra primera autoridad, como es el alcalde, ha sido sentenciado en primera instancia a cuatro años de pena privativa de la libertad, con carácter suspendido, y se contempla además la inhabilitación para el ejercicio de la función pública”, expresó.
No obstante, precisó que, al tratarse de una sentencia en primera instancia, aún se deberá esperar el pronunciamiento de la segunda instancia del Poder Judicial. “Entendemos que los abogados que defienden al burgomaestre presentarán el recurso de apelación para que sea revisada y esperarán que sea revocada”, aseveró.
PREOCUPACIÓN POR CASOS REITERADOS
Adriazola señaló que ya serían dos los alcaldes que han sido sentenciados por el Poder Judicial, situación que consideró preocupante, al indicar que ciudadanos que participan en la vida política terminan siendo denunciados y sentenciados.
Finalmente, recomendó a los ciudadanos que aspiran a ocupar cargos públicos tomar las previsiones correspondientes y actuar dentro del marco legal, a fin de evitar este tipo de situaciones.
