El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la autorización de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele, y a España, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. La proposición legislativa, remitida por el Poder Ejecutivo, fue aprobada con 37 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
De acuerdo con la autorización, la mandataria viajará del 28 al 31 de octubre a las ciudades de San Salvador y Tecoluca, en El Salvador, y posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, a Madrid, España.
AGENDA EN EL SALVADOR Y ESPAÑA
En El Salvador, la visita oficial de Fujimori contempla un encuentro privado con el presidente Bukele, una reunión ampliada con ministros de Estado y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad del país centroamericano, entre otras actividades.
En España, la jefa de Estado participará en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en eventos protocolares, en encuentros bilaterales con jefes de Estado, de Gobierno y otras altas autoridades, así como en las sesiones del Encuentro Empresarial que se desarrollará en el marco de la cumbre.
POSICIONES DIVIDIDAS EN EL DEBATE
Durante el debate en el Pleno, el senador Alejandro Aguinaga (FP) respaldó el viaje al considerar relevante conocer de cerca la experiencia salvadoreña en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. «Qué mejor momento que recoger esas experiencias positivas», dijo.
En la misma línea, la senadora Milagros Jáuregui (RP) expresó su «respaldo rotundo» a la visita y señaló que esta no responde a una agenda protocolar, sino a una prioridad vinculada a la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen organizado.
Una posición distinta planteó los senadores de la oposición. Ruth Luque (AN) sostuvo que el problema no radica en el viaje en sí, sino en la idea de que la seguridad del país pueda encontrarse en la experiencia de otra nación. «La seguridad no se importa, se construye, y eso es responsabilidad del Ejecutivo», apuntó.
Por su parte, el senador Íber Maraví (JP) consideró que buscar un modelo externo para la seguridad ciudadana refleja un reconocimiento implícito del fracaso en la lucha contra la criminalidad dentro del país.
