En la región Moquegua, seis funcionarios públicos han sido inhabilitados para trabajar en el Estado, según el portal web de la Contraloría. Esta entidad ha destacado por sancionar de manera rápida la inconducta funcional de los servidores públicos, una medida crucial en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

César Justo Gómez, gerente regional de control de Moquegua, afirmó que la Contraloría General de la República actúa con mayor celeridad que otras instancias en la sanción de inconductas funcionales. “Un informe de control posterior, como una auditoría de cumplimiento o un servicio de control específico, puede identificar responsabilidad administrativa funcional. Gracias a la Potestad Sancionadora de la Contraloría, se puede desarrollar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente”, explicó.

Las sanciones para los funcionarios y servidores públicos por infracciones graves o muy graves oscilan entre 60 días y 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. “Durante el tiempo que dure la sanción, no podrán trabajar en ninguna entidad pública”, subrayó Justo Gómez.

El gerente regional enfatizó que la lucha contra la impunidad es fundamental para combatir la corrupción. “La impunidad es un multiplicador de la corrupción”, afirmó.

El procedimiento administrativo sancionador se inicia respetando el debido proceso y otros principios fundamentales, aseguró Justo Gómez. Estas medidas se dirigen contra quienes han incurrido en inconducta funcional y han generado un perjuicio económico o una grave afectación al servicio público.

Según el portal web de la Contraloría, los seis funcionarios inhabilitados pertenecen a diversas entidades: Universidad Nacional de Moquegua (2), Municipalidad Distrital de La Capilla (2), Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro (1) y Gobierno Regional de Moquegua (1). Las inhabilitaciones varían de 3 años a 3 años y 4 meses.