POR: JULIO FAILOC RIVAS
¡Irresponsables! Por cuarta vez, incluyendo la propuesta del Ejecutivo, el Congreso ha rechazado el adelanto de elecciones como una salida al entrampamiento político atroz que nos precariza la vida nacional. Les importó muy poco que el 73% de los peruanos y peruanas pidan elecciones adelantadas para el 2023.
Como lo señala el D. Luis Vilcatoma, en el último número de Apuntes a Lápiz, los dos bandos contrarios y extremos maximalistas: el de la derecha del “orden” mano militari y el de la izquierda del “todo o nada” han terminado dándose la mano sobre el estropicio de la economía nacional y la desesperación social fruto de la toma de carreteras, movilizaciones encrespadas, carestía de la vida, inflación, producción entorpecida, gente que se muere en el camino, hospitales sin medicamentos y tantas cosas más. Una vez más se volvieron a juntar los extremos de izquierda y de derecha, con sus miserias, para bloquear la demanda más sentida de la población y por las que entregó cerca de 60 vidas a esta causa.
Como lo venimos denunciando desde hace algún tiempo en esta columna existe un plan siniestro de los extremistas para intentar quedarse hasta el 2026 sin importarles cuantas vidas más debe costarle al país. Que el Congreso se haya tirado abajo la aspiración de la inmensa mayoría a tener nuevas autoridades políticas con apenas un respaldo del 7% de la población es solo una pequeña muestra de lo que pueden hacer.
La extrema derecha desde hace mucho tiempo habría construido una narrativa de que los “caviares” han sido blandengue con las calles y que ha llegado la hora de poner “orden” en este país a cualquier costo y que no van a tener el mínimo reparo de aplastar al movimiento popular.
La militarización y el terruqueo han sido parte de la estrategia que han venido implementando y que estaban convencidos de que les iba funcionar como cortina de humo para justificar tantas muertes, pero que al final no solo no les ha funcionado, sino que también han tenido efectos contrarios en la población cuya adhesión a la movilización se ha venido incrementando con el transcurso de los días. Un indicador de lo que estamos señalando es la última encuesta de IEP dónde casi el 60% de la población justifica las protestas que se dan en el país a pesar de que reconocen que les está afectando a su economía.
Otro efecto contrario para la derecha, sobre la cual la izquierda se ha montado, tiene que ver con la Asamblea Constituyente. La demanda de la población para la convocatoria a una Asamblea Constituyente ha crecido aceleradamente hasta alcanzar el 69% cuando el año pasado este porcentaje apenas alcanzaba un tercio de la población. No es casual que la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje a la nación, para ganarse alguito, haya tomado como bandera para emplazar al Congreso –además del adelanto de elecciones en octubre—la reforma de toda la Constitución a la Comisión Constitucional del próximo Congreso.
Sin embargo, este emplazamiento al Congreso no le funcionó a la presidenta, pues las izquierdas irresponsablemente, en su afán electorero de sacar provecho a la demanda de la población por una nueva Constitución, terminaron haciéndole el juego a la derecha bloqueando la reconsideración para que las elecciones se lleven a cabo en octubre del 2023.
Así como pintan las cosas no solo no tendremos elecciones el 2023, sino que también se corre el riesgo de que no se apruebe las elecciones para el 2024 en la segunda legislatura. La derecha, mientras tanto, está midiendo la reacción del movimiento popular y hasta dónde puede llegar.
Dina Boluarte tiene solo un camino para evitar que el Congreso se quede hasta el 2026: renunciar a la presidencia para que se convoque a las elecciones inmediatamente.
