POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
La reciente intervención de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) en la Comisaría de San Antonio, donde fue hallado el coronel PNP Robert Marino Páucar Amado junto a su menor hija dentro de instalaciones policiales presuntamente utilizadas como vivienda, no solo ha generado una investigación por el presunto delito de peculado de uso, sino que ha reactivado una profunda indignación interna dentro de la Policía Nacional del Perú en Moquegua.
Para muchos efectivos policiales, este nuevo escándalo no puede analizarse de manera aislada. Tiene un antecedente inmediato: la polémica intervención policial del 8 de mayo de 2026, cuando personal de la Comisaría Rural de Los Ángeles, encabezado por el teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe, intervino una camioneta que trasladaba a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, luego de que el conductor Anastacio Cutipa Choque evadiera un control policial en la avenida Los Chirimoyos.
Según el acta policial firmada por los efectivos intervinientes, la intervención fue exclusivamente contra el conductor, no contra la gobernadora. Sin embargo, tras una llamada telefónica de la autoridad regional Gilia Gutiérrez Ayala al general PNP Jorge Luis Ramos Micalay, el alto mando policial acudió esa misma noche al Gobierno Regional junto al coronel Páucar, presuntamente para exigir vía celular al teniente que pidiera disculpas a la gobernadora.
Ante la negativa del oficial, días después se emitió el Memorándum N.° 016-2026, disponiendo su cambio de colocación por supuesta “necesidad del servicio”, sin procedimiento disciplinario previo, sin investigación formal y sin respetar su derecho de defensa ni el debido proceso, vulnerando principios constitucionales contenidos en el artículo 139, incisos 3 y 14, de la Constitución Política del Perú, así como la Ley N.° 30714, Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
Ese hecho fue interpretado dentro de la institución como una sanción irregular y arbitraria contra el teniente Cárdenas y contra efectivos policiales que cumplieron su deber. Desde entonces, los cuestionamientos recaen sobre quienes tomaron esa decisión.
INTERVENCIÓN EN LA COMISARÍA DE SAN ANTONIO
La madrugada de esta semana, aproximadamente a las 02:00 horas, representantes de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Nieto, a cargo de la fiscal Carmen Cora, junto a agentes de la DIRCOCOR, ejecutaron una diligencia en la Comisaría de San Antonio, ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.
La acción respondió a una denuncia anónima, presuntamente presentada por un integrante de la propia institución policial, quien alertó que el coronel PNP Robert Marino Páucar Amado, jefe de la DIVOPUS Moquegua, estaría utilizando ambientes de dicha dependencia policial para fines personales y familiares.
Durante la intervención, las autoridades habrían encontrado al oficial junto a su menor hija dentro del recinto policial, hecho que refuerza la hipótesis de una presunta utilización irregular de bienes del Estado.
IMPLICANCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS
De corroborarse los hechos, el coronel podría enfrentar una investigación por el presunto delito de peculado de uso, previsto en el artículo 388 del Código Penal peruano, que sanciona al funcionario público que utiliza bienes estatales para fines distintos al servicio público.
Adicionalmente, podrían evaluarse responsabilidades por abuso de autoridad, previsto en el artículo 376 del Código Penal, si se acredita que utilizó su jerarquía para disponer arbitrariamente de infraestructura policial.
En la vía administrativa, conforme a la Ley N.° 30714, el hecho podría constituir una falta muy grave, sancionable incluso con el pase al retiro, por afectar gravemente la ética, la disciplina y la imagen institucional.
En el ámbito del Código Penal Militar Policial, también podrían configurarse responsabilidades por afectación al servicio, omisión de deberes del mando y uso indebido de infraestructura operativa policial, dada la naturaleza exclusiva de las instalaciones institucionales.
¿Y EL GENERAL RAMOS MICALAY?
El caso también alcanza al general PNP Jorge Luis Ramos Micalay, máxima autoridad policial en la región Moquegua. El coronel Robert Marino Páucar Amado es quien le secunda en grado, por lo que ambos mandos deben coordinar el control del personal policial, conocer su dirección domiciliaria y saber dónde ubicarlo ante cualquier emergencia.
Además, por razones de seguridad, inteligencia y control del comando, la jefatura policial debe tener información sobre la ubicación de sus oficiales, especialmente de quienes ocupan cargos de responsabilidad dentro de la estructura institucional. Con mayor razón, tratándose del oficial que secunda al jefe de la Región Policial Moquegua.
Si se demuestra que el general tenía conocimiento de esta situación y no actuó oportunamente, podrían evaluarse responsabilidades por omisión de actos funcionales, conforme al artículo 377 del Código Penal; eventual encubrimiento; y responsabilidad administrativa por omisión de comando, al no ejercer control sobre sus subordinados.
Este escenario resulta aún más grave si se considera que se trata del mismo general que días antes avaló la cuestionada sanción contra el teniente Cárdenas.
INDIGNACIÓN Y PÉRDIDA DE CONFIANZA INTERNA
Dentro de la institución policial, el malestar es evidente. Muchos efectivos consideran que mientras a un oficial subalterno se le sancionó sin procedimiento formal por intervenir correctamente al chofer de la gobernadora, ahora uno de los altos mandos de la PNP en la región Moquegua, que participó en esa decisión y emitió el memorándum policial contra el teniente, aparece investigado por presuntamente usar una comisaría como vivienda.
El mensaje interno que perciben los policías es devastador: “si intervienes correctamente al chofer de una autoridad política, te sancionan; si eres parte del alto mando, te protegen”.
Esa percepción ha generado una profunda sensación de desprotección institucional, pérdida de moral y ruptura del principio de autoridad.
Porque si un general y un coronel no respaldan a sus propios efectivos cuando cumplen formal y legalmente los procedimientos de ley, sino que los exponen, los humillan y los sancionan sin debido procedimiento, entonces el problema ya no es individual, sino estructural.
PROTECCIÓN A TESTIGOS POLICIALES
En este contexto, resulta indispensable que el personal policial que labora en la Comisaría de San Antonio y que pudiera declarar como testigo en las investigaciones fiscales, administrativas o disciplinarias reciba garantías reales de protección institucional y legal.
Ello resulta necesario para evitar represalias, hostilización laboral, cambios arbitrarios de colocación o cualquier acto de intimidación por parte de sus superiores. La verdad de los hechos solo podrá esclarecerse plenamente si los efectivos policiales pueden declarar con libertad, seguridad y bajo resguardo del Ministerio Público, Inspectoría PNP y, de ser necesario, mediante mecanismos de protección de testigos, preservando así el principio de legalidad y la tutela efectiva de sus derechos.
MANDATO INSTITUCIONAL DEBILITADO
Los hechos recientes han dejado una sensación clara dentro de la propia Policía Nacional en Moquegua: el mando institucional se debilitó. La autoridad se fracturó. Y para muchos miembros de la institución hoy existe una dolorosa conclusión: “en la Región Policial Moquegua se ha perdido el comando policial”.
