POR.: ABOG SANTOS COHAILA FLORES
Se ha realizado escándalo mediático sobre este caso cocteles. El abogado Julio Rodríguez sostiene que este caso “nació muerto” dado que el financiamiento legal sin fuente conocida solo existe a raíz de la promulgación del Artículo 2 de la Ley N° 30997, publicada el 27 agosto 2019, y es a partir de esa fecha que los partidos son sujetos o pasivos de denuncia.
Por ello se sostiene que el pedido que ha hecho la defensa de la señora Fujimori al Tribunal Constitucional para que se archive el juicio oral por el caso Cócteles se fundamenta en el argumento de que ha sido acusada por hechos que no constituían delitos en el momento en que ocurrieron (fue antes de agosto del 2019).
Se le pregunto al abogado ¿Cómo ve usted la perspectiva de esa demanda?
Respuesta: “El caso Cócteles, desde mi punto de vista, es un caso que nació muerto, es decir, no tiene fundamento para proceder”. El jurista recordó que el caso perdió aún más sentido cuando se reformó el Código Penal para implementar el delito de financiamiento ilegal de campañas políticas (el Artículo 2 de la Ley N° 30997, publicada el 27 agosto 2019). En este escenario, la fiscalía pretende castigar acciones de financiamiento de campaña que, en su momento, no estaban tipificadas como delito. Además, intenta reconvertir estas acciones en lavado de activos. Lesionando el principio de legalidad.
El cuestionamiento presentado por la defensa de Keiko Fujimori en su escrito ante el Tribunal Constitucional es, en opinión de Julio Rodríguez, sólido. Y cree que lo más probable obtenga un fallo favorable. Si el Tribunal se enfoca en analizar la aplicación temporal de la ley penal y reconoce la imposibilidad de que esta sea retroactiva. Esto implicaría una vulneración del debido proceso y del derecho a un plazo razonable, principios que se invoca acertadamente.
Pregunta 2: Posible Enfoque del Tribunal Constitucional
En el recurso presentado por la defensa se expresan varios agravios, no solo uno. El Tribunal Constitucional tiene la potestad de abordar algunos o todos ellos. Uno de los agravios es el principio de legalidad. Si el Tribunal se enfoca en este principio, no hay duda de que el caso Cócteles y otros casos similares tendrían que archivarse. Esto también ahorraría recursos al Estado, ya que la economía procesal es un principio básico. Si un caso no tiene viabilidad, no tiene sentido prolongarlo innecesariamente.
Por eso el temor, que en el momento en que el Tribunal Constitucional acoja este pedido y le dé la razón a la defensa, el caso Cócteles se caerá en el Poder Judicial. Esto también aplicará a otros casos basados en el financiamiento ilegal de campañas políticas.
