La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra la empresaria Sada Goray, quien saldrá en libertad tras esta decisión.
La sala ordena también la misma medida en favor de Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, investigados por la presunta comisión del delito de colusión y otros, en el caso de presunta corrupción en el Fondo Mi Vivienda.
César San Martín, titular de la sala, indicó que la comparecencia con restricciones es una media proporcional con la actual etapa del proceso que afrontan los investigados.
Consideró que los tres investigados tienen arraigo domiciliario, laboral y familiar, y no existen indicios en su contra que adviertan de peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación.
En el caso de Sada Goray, San Martín argumentó que si bien tiene varios domicilios en el país y en el extranjero, ello no determina que se carezca de arraigo domiciliario, dado que puede ser hallada en cualquier momento.
“Es de considerar que pesa más el factor de arraigo en el país y la conducta procesal que mantuvo, por lo que no hay alta probabilidad de huida; por lo demás, con Estados Unidos, donde tiene domicilio, existe mecanismo de extradición”, aseveró.
En ese sentido, señaló que la medida idónea y necesaria sería imponerle el mandato de impedimento de salida del país.
MAURICIO FERNANDINI
En cuanto a Mauricio Fernandini, investigado por este caso, la sala dijo que carece de objeto un pronunciamiento en su situación, dado que la Quinta Sala de Apelación Nacional revocó un mandato de prisión preventiva y salió en libertad.
“Al haberse variado la prisión preventiva en decisión anterior, se ha presentado una sustracción de la materia y carece de objeto un pronunciamiento al respecto”, indicó durante la audiencia.
La defensa de Goray presentó un recurso de casación para revocar la medida que confirmó el mandato de prisión preventiva en su contra.
Goray es investigada por la Fiscalía de pagar coimas a una presunta red de corrupción en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, a fin de designar a funcionarios del Fondo Mi Vivienda para beneficiarla en proyectos vinculados a sus empresas.
