La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo, a la ex jefa del Gabinete, Betssy Chávez, y al exministro del Interior, Willy Huerta.
Según la denuncia, los tres habrían vulnerado la Constitución por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El informe final, sustentado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), fue aprobado por mayoría en la subcomisión presidida por Lady Camones (APP), con 10 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
De acuerdo con el procedimiento parlamentario, el documento será remitido a la Comisión Permanente, que posteriormente deberá derivarlo al Pleno del Congreso para su deliberación y votación final.
La denuncia constitucional (DC 547), acumulada con la DC 575, fue presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) y responsabiliza a Castillo, Chávez y Huerta por la presunta infracción de diversos artículos de la Carta Magna vinculados al intento de quebrar el orden constitucional.
Zegarra afirmó que las conclusiones del informe son “constitucionalmente justas” y se enmarcan en los parámetros legales correspondientes. Además, se precisó que el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, fue excluido del proceso tras una resolución de la Corte Suprema que ordenó su retiro del caso.
PLENO VOTARÁ EL MIÉRCOLES 19 LA ACUSACIÓN CONTRA BETSSY CHÁVEZ
El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo miércoles 19 de noviembre el informe final que propone denunciar constitucionalmente e inhabilitar por diez años a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.
Asimismo, precisó que para la fecha señalada se convocará a Chávez Chino y a su defensa legal para que presenten sus descargos ante el Pleno, mientras que la presidenta de la SAC, Lady Camones, será la encargada de sustentar el informe final.
Finalmente, Rospigliosi Capurro agregó que el Consejo Directivo acordó fijar un tiempo de debate de una hora, el cual será distribuido de manera proporcional entre las distintas bancadas parlamentarias.
